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El Gobierno no garantiza los 400 euros cuando hay 1,7 millones de parados sin prestación

Rajoy reduce el dinero destinado al paro y a las políticas de fomento del empleo a pesar de que el número de personas que buscan trabajo y no lo encuentran sigue en aumento

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A más parados, menos protección. Esa parece ser la lógica que sigue el Gobierno en la lucha contra el drama de desempleo a pesar de que según los últimos datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Empleo en España hay 1,7 millones de parados que, a pesar de estar dados de alta en los servicios de empleo, no reciben ningún tipo de prestación. El paro registrado durante el mes de agosto, es decir, las personas apuntadas en los servicios de búsqueda de empleo, se sitúa en los 4.705.279 millones y detalla que, respecto al mes anterior, hay 79.645 personas más en situación de desempleo. Además, la última Encuesta de Población Activa (EPA) –considerada la radiografía más fiable del mercado laboral– determinó que en España hay casi 5,7 millones de personas que, a pesar de buscarlo, no encuentran empleo.

Cada vez se amplía más la proporción de trabajadores desempleados que quedan fuera de las prestaciones por desempleo. La tasa de cobertura para los desempleados, que muestra el porcentaje de personas apuntadas en los servicios de empleo que reciben prestación, se situó en agosto de 2012 en el 67,3%, una cifra que está 6,3 puntos por debajo de la media registrada en 2008, en el inicio de la crisis económica. Con respecto al mismo mes del año anterior, cuando era del 71,10%, la tasa de cobertura también es menor, pues pese a que se destina más dinero (2.651,4 millones de euros durante el mes de agosto), hay medio millón más de desempleados. 

Si se echa la vista atrás puede contemplarse como, en 2010, el año en el que las políticas de austeridad comenzaron a erigirse como la panacea ante la crisis, la tasa de cobertura alcanzó el 78,4%. La explicación a esa cifra es que en aquel momento eran los primeros parados afectados por el embiste de la crisis económica los que todavía disfrutaban de las prestaciones que habían generado cuando tenían empleo. A partir de ahí la tasa de cobertura se reduce como consecuencia de crudeza de la crisis, que sigue dificultando el regreso al mercado laboral de las personas que, en muchos casos, ya han visto agotadas sus prestaciones. 

Los Presupuestos del Estado para 2013 recogen un importante recorte del gasto de las políticas de fomento del empleo, entre las que se encuentra la ayuda a los 400 euros para parados de larga duración. Esta prestación, al estar vinculada a la formación y la reinserción, se incluye en el capítulo de políticas activas de empleo y no en el de protección frente al desempleo. El tijeretazo del 34,6% respecto a 2012 en esta partida, una en las que el recorte es más intenso, hace prever que el Gobierno no mantendrá a partir del 15 de febrero de 2013 la ayuda de 400 euros, el conocido Plan Prepara. De hecho, en las cuentas para 2013 no se contempla su mantenimiento más allá de la mitad del segundo mes del próximo año. 

Esta reducción drástica del gasto muestra la crudeza de las medidas aprobadas en el decreto del pasado julio en lo que se refiere a la protección de los desempleados. En aquel momento el Gobierno acordó la reducción de la cuantía de la prestación contributiva a partir del séptimo mes, la eliminación de la subvención a la cotización del trabajador durante la percepción de la prestación, las restricciones a la Renta Activa de Inserción y al subsidio de mayores de 52 años, que pasa a 55 años, así como la supresión del de mayores de 45 años, entre otras medidas. 

Las organizaciones sindicales han advertido de que con la reducción prevista en el gasto en desempleo y la 'supresión' del Plan Prepara a partir de febrero, se busca acabar con el sistema de protección social, contribuir a una mayor desigualdad social y empeorar las condiciones de las personas más castigadas por la crisis y la recesión. 'No se puede abandonar y excluir de la protección a los más desfavorecidos y con mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, con estas medidas que pasan camufladas en los Presupuestos Generales', denuncia UGT en un comunicado.