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El Gobierno rechaza que el IPC no cuente en los salarios, como pide el Banco de España

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El Gobierno defendió hoy que los salarios sigan revalorizándose con la inflación prevista, algo que para el Banco de España es un "residuo" y supone un "obstáculo" para el ajuste de la economía en la actual crisis.

Esta diferencia de criterios se ha manifestado durante unas jornadas sobre "La reforma de las pensiones: oportunidad, contenido y contexto", organizada por AFI.

En el acuerdo interconfederal de Negociación Colectiva (2010-2012) de la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT se establece que la revalorización de los salarios deberá hacerse en función de tres variables: tasa de inflación prevista, reparto de la productividad y cláusulas de revisión salarial, para evitar que los trabajadores pierdan poder adquisitivo.

Según el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, España es el único país de la zona euro que mantiene la revalorización de los salarios ligada a la inflación.

"La mayor parte de los países europeos se lo ha quitado de encima", ya que es un "residuo y un obstáculo para el ajuste de la economía española", advirtió.

En la misma jornada participaron el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quienes rechazaron el planteamiento del Banco de España.

Gómez considera que se debe tener en cuenta la inflación prevista para poder mantener el poder adquisitivo de los trabajadores.

Para el ministro, siempre es bueno que haya una cierta relación entre la evolución de los salarios y los precios ya que, "si no, habría unos salarios que se desvinculan del poder adquisitivo y al final habría una resistencia" a subir los sueldos.

Además, recordó que, desde hace 30 años, también se tiene en cuenta la productividad cuando se negocian los sueldos.

Por ello, el ministro advirtió de que un discurso centrado sólo en la productividad puede tener algún inconveniente y apostó por que esa materia se trate en el ámbito de cada empresa, donde se dan situaciones concretas.

Gómez defendió también como la "mejor fórmula" que se actualicen los sueldos según la inflación prevista y no la pasada, como se hace en otros países europeos.

Más cauto fue el secretario de Estado de la Seguridad Social, quien opinó que el tema de los salarios es un asunto que sólo debe ser abordado en el ámbito de las empresas, ya que es en ellas donde "puede haber contrapartidas claras y precisas".

Como ejemplo puso el que una empresa y sus sindicatos pacten congelar las remuneraciones a cambio de mantener la plantilla y no despedir personal.

Este cruce de declaraciones entre el Gobierno y el Banco de España ha coincidido con una nueva reunión de la CEOE y los sindicatos CCOO y UGT para negociar la reforma de los convenios colectivos.

Los agentes sociales han pactado un calendario de reuniones discretas hasta la primera quincena de marzo, fecha tope que les da la reforma laboral para llegar a un acuerdo en la materia.

Al respecto, Malo de Molina cree que los convenios colectivos "no permiten la suficiente flexibilidad en los salarios", por lo que pidió una mayor moderación salarial y criticó que, en plena crisis económica cuando el PIB caía, los salarios crecieran al 4 % debido a que se habían activado las cláusulas de revisión salarial pactadas en el pasado.

Desde UGT, su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, dijo a Efe que el Banco de España desconoce el mecanismo que se utiliza para pactar los sueldos y denunció que lo que busca con sus declaraciones es que los salarios se recorten para ganar en competitividad.

En esta línea, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, calificó de "ejercicio de inmoralidad" el que se quiera ligar la revalorización de los salarios sólo a la productividad, porque supondría "imponer" a los trabajadores una pérdida de poder adquisitivo.

Entretanto, hoy se ha conocido que el Tribunal Supremo ha rechazado en una sentencia la pretensión de la patronal del transporte de Tarragona de revisar a la baja una subida pactada en 2009 porque la inflación registrada fue inferior a la prevista.

El Tribunal explica que para aplicarse esa práctica debería haberse constado "de manera expresa" en el convenio acordado.