Fue hablando con la gente en la plaza de toros de Albacete donde Mari Luz Rodríguez (Valladolid, 1964) fraguó el Plan de Choque contra el paro de Castilla-La Mancha, donde hasta ahora era consejera de Empleo. Pese a su acreditada trayectoria académica (es profesora de Derecho del Trabajo), su discurso está empapado de referencias a su experiencia de gestión en la consejería de la comunidad autónoma, que fue para ella la mejor escuela para conocer a fondo la realidad del paro en la calle.

El ministro Valeriano Gómez dijo que es usted una de las grandes innovadoras en materia de empleo. ¿Por qué?

Supongo que es un reconocimiento a las políticas activas de empleo que hemos hecho desde el Gobierno de Castilla-La Mancha. Intentamos hacer una política de atención a las personas en desempleo y prepararlas para volver al mercado de trabajo. Con ese objetivo giramos las políticas activas hacia la orientación, hay que sentarse con una persona que ha perdido su empleo y analizar su situación y hacia dónde se puede encaminar. Crecimos en orientación, en formación, en la necesidad de reciclaje.

¿Eso es trasladable a nivel estatal?

Algo tiene que ver. En la primera etapa de la crisis, cuando se produjo una salida masiva de trabajadores, hemos tenido una política muy centrada en cubrir esa situación. Hemos llegado a una fase en la que lo peor de la crisis ha pasado y tenemos que preparar a las personas en paro para que en el momento que haya reactivación económica tengan más posibilidades de encontrar un empleo. Hay que girar la política activa hacia la preparación.

Esa nueva política ¿cómo afecta a la ayuda de 426 euros?

La ayuda de 426 euros fue crucial porque había mucha gente que estaba saliendo de la prestación por paro y no tenían nada. Ahora es el momento de enfocar esto desde la política activa de empleo. Primero, hay que evaluar su impacto, de hecho hay un compromiso de evaluación que hay que llevar al Congreso y que espero que esté listo para mitad de diciembre. La renovación o no la podemos enmarcar en la reforma más amplia de las políticas activas. Hay trabajadores que siguen necesitando cobertura económica pero podemos vincularla más a la preparación.

¿Por qué no funciona el sistema actual de políticas activas de empleo?

Yo no diría que no funciona, pero sí que ha tenido derivaciones que conviene corregir. Las políticas activas de las comunidades autónomas han tenido un impacto social muy potente durante la crisis. Pero han estado más centradas en la contratación de trabajadores para que no se quedaran en la calle que para su preparación para volver al mercado de trabajo. También se arrastran inercias del pasado. Tenemos que analizar mejor las necesidades de las personas, de los territorios y de los sectores.

Hay críticas recurrentes sobre la falta de control del dinero que se dedica a la formación, ¿ese sistema también va a cambiar?

Ha empezado a cambiar ya. Pero hay que avanzar. Mi intención es mejorar lo que hacen las comunidades, pero también hacer más visibles sus logros. Si detectamos que hay alguna que no está funcionando como debería, que se sepa. Hasta ahora, la uniformidad se ha logrado a través de los programas nacionales. No es un buen modelo porque no casa bien con las realidades territoriales. Al parado se le tiene que tratar igual, con independencia de donde viva. Eso se puede hacer a través una carta de servicios común que defina cómo se tiene que atender a un desempleado y a partir de ahí ajustar los programas a cada realidad autonómica. Pero hay que fijar objetivos y criterios de comprobación.

¿Hay algún modelo de referencia?

La realidad territorial de nuestro país no es comparabale con la de otros. Miramos a Europa, que fija objetivos, colectivos de especial atención, distribuye las inversiones y controla su cumplimiento, pero cada país tiene cierta libertad. El personal que tienen los servicios públicos de los países europeos para atender a los parados es mucho más alto que en España. Estamos en 6 efectivos por cada 1.000 personas en paro. La media europea está en 17 efectivos por cada 1.000 y la mayoría son especialistas en orientación, aquí sólo la mitad lo son.

¿Se va a cambiar eso?

Todo el dinero que venga para políticas activas estará bien pero podemos reestructurar la inversión para ser más eficaces con lo que gastamos, y por ejemplo podemos destinar más efectivos a orientación y menos a gestión de prestaciones.

El viernes pasado se celebró la primera reunión entre Gobierno y sindicatos tras la huelga general. ¿Qué impresión sacó?

El ambiente fue muy cordial. Planteamos nuestra reflexión sobre las políticas activas de empleo y los sindicatos pusieron también sobre la mesa las reformas del mercado laboral y de las pensiones. Pero es evidente que la desconfianza que hoy en día sienten los sindicatos hacia el Gobierno no se supera por que sí, ni se resuelve con una reunión o con un cambio de personas. Esa desconfianza sólo se supera con trabajo, y eso es lo que vamos a hacer.

Se ha transmitido que sería bueno que hubiera cierto acuerdo con los agentes sociales para aplicar la reforma laboral. ¿No es excesivo pedirles ese esfuerzo cuando no creen en ella?

El ministro ha dicho que la reforma laboral ha venido para quedarse y que, por tanto, tienen que mantenerse los dos objetivos nucleares, que son fomentar el empleo estable y que haya más flexibilidad en el ámbito de las empresas. La reforma marca ese campo de juego pero hace hasta 19 llamadas a un desarrollo futuro. Mantenidos esos dos grandes objetivos, hay un campo para el trabajo futuro y sería bueno compartirlo con las organizaciones sindicales y empresariales.

Y si esa cooperación no se produce, ¿la reforma va a funcionar?

Siempre es mejor que una reforma proceda de un equilibrio y que haya consenso. Pero también conocemos ejemplos de reformas que se han tenido que aplicar y la realidad va conformándose de acuerdo con las medidas que se adoptan.

Uno de los desarrollos clave de la reforma es concretar las pérdidas previstas como causa de despido objetivo. ¿Hay alguna idea sobre la mesa?

Todavía es pronto. Es verdad que este concepto es especialmente indeterminado. La reforma dice que hay que modificar los expedientes de regulación de empleo (ERE) porque hay que introducir el modelo alemán y en una definición de ERE también se tiene que saber qué es una pérdida prevista. Puede que a través del establecimiento de criterios objetivos en el ámbito de los ERE se pueda, sin cambiar la causa, ir aquilatando como se podría acreditar. La experiencia demuestra que cuando se hace esto en el ámbito colectivo sirve de espejo a la interpretación judicial en lo individual.

¿Qué criterios,por ejemplo?

Son solo ejemplos, pero no es lo mismo que sea el empresario el que diga que va a tener pérdidas que lo haga un consultor externo. Tampoco es lo mismo perder mil euros o mil millones. Con criterios de ese tipo se podría concretar mejor.

¿Cómo ve la situación en la CEOE ante las próximas elecciones?

Para que haya Diálogo Social tiene que haber organizaciones y líderes fuertes. Si la CEOE consigue esas condiciones será más fácil el Diálogo.

¿No era así hasta ahora?

La visión desde fuera es que no había un liderazgo fuerte en la CEOE. Los dos sindicatos están fuertes y sería bueno que la CEOE también lo esuviera.