El Gobierno de facto de Honduras está resistiendo la presión de sus opositores y de la comunidad internacional respecto al derrocado presidente Manuel Zelaya, quien lleva una semana refugiado dentro de la embajada brasileña en su país intentando recuperar el poder.

Zelaya fue derrocado el 28 de junio en un golpe militar, pero regresó en secreto desde el exilio el lunes pasado, generando un tenso estancamiento en las negociaciones con el Gobierno de facto civil que ha prometido arrestarlo por cargos de traición.

Cientos de soldados y efectivos antidisturbios han rodeado la embajada durante la semana, mientras Zelaya instaba a sus seguidores a tomar las calles para demandar su restitución en el cargo.

El Gobierno de facto suspendió el domingo algunos derechos civiles, dio a Brasil un ultimátum para que resuelva el estatus de Zelaya o cierre su embajada, e impidió la entrada a Honduras de una delegación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que pretendía negociar una solución a la crisis.

Representantes de la OEA sostendrán el lunes una sesión extraordinaria para discutir la crisis hondureña, la peor en años en América Central y una prueba para el gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que ha prometido un compromiso con América Latina.

La postura intransigente del presidente de facto Roberto Micheletti envía un claro mensaje de que no permitirá que el izquierdista Zelaya regrese al poder.

Micheletti se preparó para una nueva ola de protestas emitiendo un decreto presidencial que suspende durante 45 días el derecho a la libertad de asociación y de circulación, además de facilitar las detenciones y el silenciamiento de medios de prensa críticos.

Su ministro de Exteriores, Carlos López, dijo que Brasil debe decidir si concede asilo a Zelaya o lo entrega a la justicia hondureña para ser procesado por supuestos delitos de traición y violación constitucional.

"El título y el privilegio de Brasil de tener una misión en Honduras acaba en 10 días", declaró López en rueda de prensa.

A partir de entonces la embajada donde está atrincherado Zelaya pierde su inmunidad diplomática, dijo el canciller, que aseguró sin embargo que el Gobierno de facto no piensa allanarla.

Además, en un abierto desafío a la comunidad internacional, la cancillería de facto dijo en un comunicado que no permitirá el regreso de los embajadores de España, Argentina, México y Venezuela, retirados tras el golpe, a menos que los países reconozcan a Micheletti.

Pero las medidas y las amenazas a la embajada posiblemente aumentarán la condena internacional hacia Tegucigalpa, que ya ha sufrido cortes en la ayuda y la financiación que recibe desde el extranjero.

"Sería un error terrible del Gobierno de facto, porque estaría condenándose más allá de la condena internacional que ya tiene", dijo Zelaya a los periodistas desde la embajada.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que ignoraría un plazo límite de 10 días fijado por Micheletti para decidir sobre la suerte de Zelaya, que se encuentra refugiado en la embajada junto con familiares y partidarios.

Zelaya, un empresario maderero que a mitad de su mandato viró a la izquierda, fue derrocado a punta de pistola y forzado a abandonar el país tras días de tensiones por su intento de realizar una consulta popular que abriera paso a su reelección. algo visto por sus detractores como un intento de emular a su aliado venezolano Hugo Chávez.