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Iberdrola pide que Bolivia le pague "el valor real" de las compañías

Las empresas expropiadas suponen un 0,2% del negocio de la eléctrica y dan 6 millones de euros de beneficio al año. El Gobierno español reclama una "justa indemnización"

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Iberdrola espera que Bolivia 'pague el valor real' de las cuatro compañías filiales cuya expropiación ha anunciado este sábado el presidente de ese país, Evo Morales, han declarado fuentes de la eléctrica española.

Las fuentes han informado de que todavía no han recibido comunicación oficial de la decisión de las autoridades bolivianas y de que estudiarán el decreto por el que se ha decidido expropiar a las filiales de Iberdrola, que afecta a las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, Electropaz, y en Oruro, Elfeo; a la empresa de servicios Edeser y a la gestora de inversiones Compañía Administradora de Empresas.

De acuerdo con datos del mercado, Iberdrola controla esas compañías a través de la sociedad de cartera Iberbolivia de Inversiones, de la que posee el 63,398% del capital.

El 36,6% de Iberbolivia de Inversiones está en manos del fondo Paz Holding, en el que participan, entre otros inversores, la estadounidense General Electric o la sueca Ericson, y un porcentaje reducido es propiedad de Mauricio Valdez Cárdenas.

Iberbolivia de Inversiones posee el 89,5 % de las acciones en la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz), donde también participan el Banco Santander, con el 10 por ciento del capital; José Muñoz Alcocer, con el 0,33 por ciento, y la Cámara Nacional de Industrias, con el 0,12 por ciento.

En la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo), además del 92,8 por ciento propiedad de Iberbolivia de Inversión, la Honorable Alcaldía Municipal de Oruro controla el 4 por ciento de las acciones; José Luis Muñoz Alcocer, el 2 por ciento; la Cámara Nacional de Industrias, el 1 por ciento, y Agustín Villegas, el 0,16 por ciento.

Las compañías expropiadas suponen alrededor del 0,2 por ciento del negocio de Iberdrola y unos 6 millones de euros del beneficio total (2.804 millones en 2011).

Por su parte, el Gobierno español ha lamentado la expropiación y ha reclamado una 'justa indemnización' para los propietarios de las compañías expropiadas, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno también ha recordado la necesidad de mantener 'la seguridad jurídica', que es una exigencia 'insoslayable de cualquier inversión extranjera en Bolivia'.

También ha reclamado la conveniencia de que las relaciones entre España y el país andino estén guiadas 'por la colaboración y franqueza' en el manejo de éste o cualquier otro asunto de interés común'. En el comunicado, además de lamentar la expropiación anunciada este sábado por el presidente boliviano, Evo Morales, el Ejecutivo español ha precisado que las cuatro empresas nacionalizadas 'tienen entre sus accionistas a empresas españolas, argentinas y norteamericanas'.

También ha recordado que la expropiación 'recae sobre unas compañías que prestaban el servicio público de distribución de electricidad y que nunca antes habían pertenecido al Estado boliviano'.

Respecto a la indemnización, el Gobierno ha indicado que 'espera que el proceso de evaluación del valor de la empresa nacionalizada se realice con criterios exigentes de objetividad que permitan establecer la justa indemnización a la que los accionistas tienen derecho sin dilaciones innecesarias'.