Habrá comisión de investigación sobre el escándalo de los ERE y, además, será una comisión de investigación de verdad, es decir, que ningún responsable político de relevancia dejará de ser llamado a declarar. Esa es al menos la pretensión de IU. Al PSOE no le gusta demasiado, pero tendrá que aguantarse. Izquierda Unida sabe a su vez cuánto se juega en este lance y se ha negado a escuchar los cantos de sirena lanzados desde la órbita de sus socios del PSOE en el Gobierno andaluz, cuya posición inicial era sospechosamente cauta, aunque después ha ido virando en consonancia con las exigencias de Izquierda Unida y de la propia opinión pública andaluza. La comisión se constituye el próximo miércoles en el Parlamento regional y será con toda probabilidad presidida por un parlamentario de IU. A partir de ese momento se elaborará la lista de comparecientes y el plazo para investigar, que puede llegar al mes de agosto. La última comisión parlamentaria de investigación se creó hace 17 años.

El pasado día 5, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia y número dos del Gobierno de José Antonio Griñán, Susana Díaz, tanteaba el terreno con estas palabras: 'No encuentro en estos momentos ningún motivo ni ninguna justificación para que se produzca esa solicitud, entre otros motivos porque en el propio atestado de la Guardia Civil no hay ningún elemento probatorio que nos lleve a pensar que tenga que ir el presidente ni ningún miembro del Consejo de Gobierno'.

A la dirección de IU en general y a su coordinador regional en particular, Diego Valderas, no les gustaron en absoluto las palabras de Díaz. La reacción fue inmediata. La decisión, dijeron, sobre quiénes deberán comparecer en la comisión no es del Gobierno andaluz, sino de los grupos parlamentarios. Poco después, el propio Griñán mostraba su disposición a declarar si era llamado. También el anterior presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha dicho lo mismo. A ninguno de los dos les gusta, pero difícilmente podrán eludir una comparecencia que de no producirse restaría credibilidad a una comisión que IU se comprometió durante la campaña electoral a crear si el resultado arrojado por las urnas se lo permitía. Para la federación sería muy difícil justificar ante su parroquia una comisión aguada, sobre todo teniendo en cuenta que Valderas tuvo que sortear no pocos obstáculos internos para conseguir el apoyo mayoritario de la militancia a entrar en el Gobierno.

Valderas, también vicepresidente de la Junta, ha dicho hoy que 'parece que tiene su lógica' que su formación presida la comisión, ya que es la que está en mejores condiciones de desarrollar 'ese equilibrio y arbitraje'. En este sentido, ha resaltado que la comisión debe desarrollarse 'desde la transparencia máxima', la claridad y la profundidad necesaria porque 'tiene que servir a la democracia, a los andaluces y a la institución, más allá de un interés electoral', informa Efe. Para Valderas lo importante es decir a los andaluces 'que la comisión está en marcha por unanimidad del Parlamento de Andalucía' y que se actúe desde una posición constructiva, tratando de mejorar en el terreno de la transparencia, el control y la eficiencia de los fondos públicos, ya que 'hay algunos temas que no deben ser repetibles'.

Un destacado miembro del Gobierno andaluz durante la etapa en que fue presidido por Manuel Chaves confesaba a Público que no tenía temor alguno a ser llamado a declarar, aunque también consideraba que los socialistas podrían haber vetado su creación durante el proceso de negociación con IU para formar Gobierno. 'Aunque les hubiéramos dicho que no iba a haber comisión sobre los ERE, no se habrían negado a entrar en el Gobierno', reflexionaba, no sin dejar entrever su disgusto con el Gobierno de Griñán por 'no haber defendido' con contundencia 'la legalidad' del procedimiento de concesión de las ayudas a empresas en crisis. 'La jueza cree que hubo poco menos que una súper conspiración de políticos, abogados y funcionarios para dar esas ayudas, y eso es un disparate', dijo.

Como se sabe, la jueza instructora del caso, Mecedes Alaya, sostiene que el mecanismo administrativo de otorgamiento de los casi 700 millones concedidos desde 2001 hasta 2010 era ilegal, mientras que la posición de la Administración andaluza es que el procedimiento como tal era perfectamente legítimo, pero no así la utilización fraudulenta que algunas personas hicieron del mismo, y muy en particular el ex director general de Empleo, Francisco Javier Guerrero, hoy en prisión sin fianza al igual que su chófer y el exconsejero de Empleo Antonio Fernández.

Adversarios internos de Griñán y cercanos al anterior presidente andaluz están convencidos de que el Gobierno andaluz sólo reaccionó enérgicamente contra la instrucción de la jueza cuando ésta intentó implicar al propio Griñán, ya que siendo consejero de Economía de la Junta debió tener conocimiento, según Alaya, de la ilegalidad del procedimiento. Pese a esos reproches, no deja de ser cierto que la anterior consejera de Presidencia y hoy titular de Educación, Mar Moreno, defendió en innumerables ocasiones en rueda de prensa la legalidad del procedimiento de concesión de ayudas y expresó la discrepancia del Gobierno con la instrucción de la jueza, si bien nunca traspasó la línea roja de dudar de su honestidad profesional. 'A la jueza habría que haberle apretado más no políticamente, pero sí por la vía de los recursos y la batalla jurídica', sostienen fuentes de la etapa política anterior.

El PP, mientras tanto, no cede en su férreo marcaje. Aunque todavía no se sabe quiénes comparecerán y si serán llamados declarar Chaves o Griñán, los dirigentes conservadores no cesan de advertir que la izquierda planea un tongo en toda regla. Hoy en rueda de prensa en Sevilla, el vicepresidente del PP andaluz, Ricardo Tarno ha señalado que los 'dimes y diretes' que está percibiendo entre los dos partidos que conforman el Ejecutivo regional le llevan a pensar que desean una comisión 'muy corta', en la que 'nada se sepa' y 'no se arroje ninguna luz' en el escándalo de los ERE irregulares, informa Efe. La intención del Gobierno andaluz es, en opinión del dirigente del PP, que el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, 'salve la cara', y el vicepresidente y coordinador regional de IU, Diego Valderas, pueda decirle a sus bases 'como prometí, ha habido comisión de investigación'.

De los 5.982 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y que han recibido o siguen recibiendo en la actualidad ayudas sociolaborales de la Junta de Andalucía, en 183 se han observado irregularidades, de los cuales 111 son considerados por la Junta como fallo administrativo -trabajaban en una empresa auxiliar de una matriz y se les prejubiló por ésta- y 72 son 'intrusos', es decir, personas que nunca trabajaron para las empresas promotoras del ERE. De esos 72, está probado que al menos 9 eran militantes del PSOE.