Publicado: 15.01.2014 16:19 |Actualizado: 15.01.2014 16:19

Dos jueces exigen al CIE de Barcelona que permita el contacto físico entre los internos y las visitas

El Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca tendrá que avisarlos de inmediato de todas las lesiones que sufran los retenidos y de cualquier incidente, así como instalar inodoros en los dormitorios y regular la temperatura d

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Los Juzgados de Instrucción 1 y 17 de Barcelona, encargados del control del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, han exigido que el centro permita el contacto físico en las reuniones que los internos mantienen con sus familiares, allegados, abogados y ONG.

Un auto de este miércoles, dictado tras la última visita del juez al centro tras unos incidentes del 31 y 1 de enero, acuerda que las entrevistas se realicen en una habitación sin mamparas, rejas u otro obstáculo que impida el contacto físico porque se "limita gravemente el derecho a la intimidad, a la dignidad personal y a recibir un trato humanitario y no degradante". No obstante, permite "el control visual por parte de la policía".

Eso sí, los agentes deben respetar la confidencialidad de la entrevista, antes de la cual está permitida la revisión de los visitantes. El objetivo sería comprobar que no llevan armas, drogas y otros objetos prohibidos cuando entran en las instalaciones.

Entre otras mejoras a las que obligan en este auto los juzgados de control está avisarles de inmediato de todas las lesiones de los internos y cualquier incidente, la mejora del sistema de regulación de temperatura de las duchas y la instalación de WC en los dormitorios. Según el escrito, el personal médico del CIE y la dirección "tienen la obligación" de remitir al juzgado de guardia de Barcelona todos los partes de asistencia médica de internos asistidos por lesiones de origen traumático, sea cual sea su origen (fortuito, imprudente o doloso), después de constatar en la visita que no se envían todos los partes.

No obstante, no autoriza "de manera genérica" que los internos sean visitados por el médico de la ONG Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos, que así lo solicita, sino que primero debe plantearse la agresión al juez de guardia y que éste autorice a un médico forense a comprobar su existencia.

El juez ha decidido ampliar el horario de visita de los familiares y amigos, que hasta ahora se limitaba de las 11 a las 12.30 horas, a una segunda ronda de 17 a 19 horas, y permitir que los miembros de las ONG que visitan a estos internos solamente tengan que presentar su credencial y no estar en una lista previa.

Para el juez "resulta necesaria la instalación de un sistema de duchas que permita la regulación de la temperatura del agua y que la duración sea adecuada y suficiente para la limpieza corporal", por lo que pide reformarlas ya que ahora es demasiado caliente para los que se duchan primero y fría para los últimos.

Asimismo, pide que se instalen WC en los dormitorios -donde los internos están unas tres horas al mediodía y ocho o nueve en la noche- porque su inexistencia "constituye una limitación arquitectónica que atenta contra la dignidad humana", ya que dependen del policía para realizar una necesidad corporal.

El juez justifica estas medidas porque los internos "viven la expulsión de España como una situación dramática, peor incluso que la prisión propiamente dicha. Este estado emocional hace que el CIE sea un lugar de equilibrio inestable", por lo que exige que se solucionen aspectos de la vida diaria que puedan causar conflictos entre las fuerzas del orden y los internos.

De hecho, apunta a que el enfrentamiento entre policías y algunos internos en el CIE el 31 de diciembre y 1 de enero, en los que varios de estos últimos quedaron al parecer lesionados, tuvo "bastante que ver" con que los agentes les sacaran a la fuerza de las duchas.

Consideran "legítima" la entrada de las unidades antidisturbios por razones de orden público, sin necesidad de autorización judicial, como ha sido el caso tras los incidentes del día 31, aunque pide que se informe al juzgado como máximo cuatro horas después del inicio del suceso. Concluyen que la huelga de hambre iniciada el 9 de enero por cinco internos no está relacionada con las condiciones de estancia en el CIE sino con su desacuerdo con la expulsión.