El Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona ha acordado continuar la causa abierta contra el empresario Fidel Pallerols y otros seis imputados, ante los indicios de que desviaron dinero procedente de subvenciones europeas para cursos de formación a la financiación irregular de UDC.

En su auto, la juez Silvia López Mejía da por terminada la instrucción del caso y acuerda mantener abierta la causa contra el empresario, su mujer y su hijo, el militante de UDC Santiago Vallvé -condenado por el "caso Turismo" e imputado en el "caso Treball"- y los antiguos cargos del Departamento de Trabajo Lluís Gavaldà, Dolors Llorens y Vicenc Gavaldà.

De esta manera, la causa sigue abierta contra los siete imputados por los presuntos delitos de fraude de subvenciones públicas, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, falsedad documental y receptación.

Respecto a las otras diligencias que abrió por presunto fraude al fisco en el mismo "caso Pallerols", la juez ha acordado en un auto mantener la causa abierta contra el empresario andorrano por nueve delitos contra la hacienda pública, aunque el resto de los imputados quedan exculpados.

El llamado "caso Pallerols" sobre presunta financiación irregular de UDC fue archivado parcialmente por la misma juez en diciembre del año 2005, pero la Audiencia de Barcelona le obligó a reabrirlo contra ocho de los trece imputados no aforados en la causa al considerar que había suficientes indicios del desvío de subvenciones.

La juez ha investigado de nuevo el caso y, en esta ocasión, ha llegado a la conclusión de que parte de los 8,8 millones de euros de subvenciones que el Departamento de Trabajo otorgó entre 1994 y 1999 al grupo de empresas de Pallerols para la realización de 376 cursos de formación ocupacional y reciclaje cofinanciados por el Fondo Social Europeo se destinaron presuntamente a UDC.

Según el auto, Santiago Vallvé, que recibía mensualmente sumas de dinero que le entregaba Pallerols en concepto de comisión, urdió supuestamente con el ex secretario general de Organización de UDC Vicenc Gavaldà la manera de gestionar el dinero procedente de las subvenciones.

De esta forma se acordó, según el auto, entregar a UDC "hasta el 10% de las subvenciones irregularmente obtenidas" para financiar ilegalmente el partido, así como pagar cantidades procedentes de esas ayudas en forma de salarios a cargos y militantes de la formación, que fueron incluidos en las nóminas de Pallerols.

Esa trama para desviar dinero procedente de las subvenciones era conocida y consentida, supuestamente, por el entonces director general de Ocupación del Departamento de Trabajo, Lluís Gavaldà, y la subdirectora general de Ocupación, Dolors Llorens, mantiene el auto.

Esos cargos de la Consellería, presuntamente, eran los encargados de fijar las cantidades asignadas en concepto de subvenciones públicas procedentes del Fondo Social Europeo y de otorgar las mismas "de forma injustificada y arbitraria" al grupo de empresas de Pallerols.

La trama contaba supuestamente con la colaboración del hijo de Pallerols, que para evitar la fiscalización de las subvenciones introducía en el sistema informático del Servei Catalá d'Ocupació justificaciones de asistencia de alumnos que nunca existieron y dividía en dos cursos que en realidad eran uno solo.

El Juzgado de Instrucción ha dado ahora quince días de plazo a la Fiscalía y a las acusaciones personadas para que soliciten el archivo del caso, si así lo creen oportuno, o la apertura de juicio oral.

Por el caso Pallerols, investigado durante casi nueve años, estaba también imputado el diputado del PP Josep Enric Millo, ex delegado territorial de Trabajo en Girona, pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) acordó el pasado mes de enero archivar la causa contra él.