Un juez australiano aceptó hoy la demanda de un grupo ecologista y prohibió a una empresa ballenera japonesa cazar cetáceos en la reserva marítima de la Antártida, informó la radio estatal.

El magistrado del Tribunal Federal James Allsop sienta así un precedente que puede llevar al Gobierno australiano a tomar medidas más drásticas para evitar las operaciones de estos balleneros en aguas del continente helado.

Allsop reconoció la demanda de la organización "Humane Society International" de que la compañía nipona Kyodo Senpaku Kaisha ha matado, herido y usurpado unas 1.200 ballenas en el santuario marítimo declarado por Australia en la Antártida, lo que supone, según el juez, una violación de la Ley de Conservación de la Biodiversidad y Protección del Medioambiente.

Inicialmente, el magistrado decidió no conocer el caso, pues el conservador ex primer ministro John Howard advirtió en su día de que una investigación judicial podría provocar un choque diplomático con Japón.

Tras los comicios del pasado noviembre, el nuevo Gobierno laborista anunció que apoyaría cualquier futura demanda ante los tribunales en relación a la caza de ballenas, y en diciembre, el Tribunal Federal anuló el desconocimiento alegado por Allsop y el caso volvió al juez.

El fallo de hoy obligará al Ejecutivo australiano a exigir a Japón que deje de cazar ballenas en la zona, aunque el mandato sólo podrá ser aplicado si Australia tiene jurisdicción legal sobre el santuario ballenero, el cual no es reconocido por Tokio.

Japón tiene previsto cazar durante la campaña del presente verano austral a 850 ballenas minke y 500 ballenas de aleta, bajo el pretexto de realizar estudios científicos, pese a que la Comisión Ballenera Internacional pide a Tokio que lo detenga.

Este organismo ha ratificado la moratoria vigente desde 1986 que prohíbe la caza de cetáceos con fines comerciales, pese a las presiones niponas para que se levante el veto para las capturas a pequeña escala.