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Levantamiento "inminente" del estado de emergencia en Argelia

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El levantamiento del estado de emergencia, en vigor en Argelia desde hace 19 años, es "inminente" y el Ejército se encargará de la lucha contra los grupos terroristas, según se decidió hoy en un consejo de ministros presidido por el jefe del Estado, Abdelaziz Bouteflika.

En un comunicado, se informa de la adopción durante la reunión de un proyecto de normativa que abolirá el decreto por el cual se instauró, en febrero de 1992, el estado de emergencia y que entrará en vigor "desde su publicación en el Boletín Oficial".

La nota, que no da una fecha exacta para el levantamiento del estado de emergencia, se limita a señalar que la publicación en el Boletín Oficial es "inminente".

Para reemplazar esta disposición, en especial en lo que concierne a la lucha antiterrorista, el consejo de ministros adoptó un decreto presidencial que involucra al Estado Mayor en esta tarea.

"Este texto confirma que la conducción y la coordinación de las operaciones de lucha contra el terrorismo y la subversión corren a cargo del Estado Mayor", destaca el comunicado.

En el marco de la puesta en marcha de nuevas disposiciones legales para la lucha contra el terrorismo, el consejo de ministros también adoptó un proyecto que complementa el Código de Enjuiciamiento Penal.

Este proyecto estipula que algunos inculpados con informaciones que puedan ayudar a la justicia en la lucha antiterrorista se beneficien de una "protección".

De esta forma, las personas concernidas podrán ser trasladadas a residencias protegidas durante un período de tres meses renovable dos veces solamente por decisión de un juez de instrucción.

El levantamiento del estado de emergencia constituye una de las principales reivindicaciones de la oposición y las asociaciones de defensa de los derechos humanos, que consideran que esa disposición amordaza a los partidos y a la prensa y limita las libertades individuales y colectivas.

Por otra parte, el consejo de ministro tomó una serie de medidas económicas y sociales, a fin de apaciguar la situación.

Estas disposiciones se refieren principalmente a la vivienda, como facilitar el acceso a un alojamiento a los jóvenes mediante la creación de un fondo de garantía de crédito bancario, así como instar a los bancos a comprometerse en la realización de nuevos programas de construcción, junto a los promotores inmobiliarios.

También hay medidas para fomentar el empleo, sobre todo entre jóvenes diplomados, al igual que los contratos de inserción para los beneficiarios de formación profesional.

Incluso, se contempla la creación de nuevas explotaciones agrícolas en el país.