La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, presidida por Juan Luis de la Rúa, limitó la investigación del caso Gürtel a los cohechos en forma de trajes que Francisco Camps y otros dirigentes del PP valenciano recibieron de la trama de Francisco Correa.

El auto de admisión de la causa en Valencia no incluía las referencias que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, hacía a la presunta financiación irregular de los conservadores en dicha comunidad. Pero esos hechos no tienen por qué quedar impunes y serán investigados por la Justicia.

Este martes se supo que el propio Garzón requirió a la Generalitat valenciana –el pasado mes de febrero, cuando estalló el caso– los contratos suscritos desde 1998 con las trece empresas que conformaban el entramado dirigido por Correa. Siete meses después, los tribunales aún no han obtenido ninguna respuesta del Ejecutivo que preside el que hasta el pasado 3 de agosto era el principal imputado de la rama valenciana del caso, Francisco Camps.

Ese mismo día, el pasado día 3, el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, volvió a requerir a la Generalitat todos los contratos suscritos con Special Events y las otras empresas del entramado.

Según fuentes del TSJM, la petición de Pedreira obedece a la reiterada solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de tener acceso a esta información, que cree clave para conocer las actividades de estas sociedades, cuyo “ámbito de actuación es o era nacional”. Y, aunque el último requerimiento a la Generalitat se hizo el mismo día que se archivó el caso en Valencia, es totalmente independiente de la decisión adoptada por el tribunal que preside De la Rúa, cuya relación con Camps fue definida por este como superior a lo que implica “la palabra amistad”.

Fuentes jurídicas indicaron a Público que, ante la falta de respuesta de la Generalitat a los requerimientos judiciales, la propia Fiscalía optó por tratar de obtener ella misma los datos. Pero sólo le fueron facilitados los contratos posteriores a 2005.

El requerimiento realizado por Pedreira es también independiente de la documentación que remitió a finales de julio al TSJ valenciano. El juez madrileño envió lo relativo a Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, en relación con los trajes regalados a los dirigentes del PP valencianos. El caso fue archivado con los votos de los magistrados del TSJCV Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres, pese a que aún no tenían a su disposición estos papeles.

La decisión del TSJ de Madrid fue aplaudida por el PSPV, que confía en que el caso se investigue en Valencia. Su portavoz en Les Corts, Ángel Luna, dijo ayer que “era muy evidente que además del tema de los célebres trajes, por debajo había una serie de relaciones cuanto menos extrañas y que se deberían haber investigado antes”.