Publicado: 22.05.2014 07:00 |Actualizado: 22.05.2014 07:00

Dos manifestantes siguen detenidos dos meses después de las Marchas de la Dignidad

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Miguel Milián e Ismael Nachit son los últimos ejemplos de los riesgos a los que se exponen los ciudadanos al tomar parte en marchas y reivindicaciones, a pesar de que no haya ninguna prueba que demuestre la veracidad de las acusaciones vertidas contra ellos -o al menos, eso aseguran-.

Cuando se cumplen dos meses de las Marchas de la Dignidad que inundaron las calles de Madrid contra los recortes sociales o las políticas de la Troika, Milián y Nachit permanecen detenidos. Sus compañeros del 22-M volverán a manifestarse este jueves para exigir que sean liberados, pero no hay indicios de que esta liberación pueda producirse a corto plazo

"Está en situación de prisión preventiva", informa a Público el abogado de Nachit, Ernan Ibarrondo. "Estamos intentando que salgan, hemos planteado un recurso de reforma que ha sido desestimado, y estamos a la espera de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre otro recurso de apelación", asegura.

Ambos detenidos aguardan al pronunciamiento de la Audiencia Provincial, que podría ponerles en libertad

Teniendo en cuenta que al último recurso se le ha dado traslado hace apenas unos días, aún podrían estar entre dos semanas y un mes más en prisión, dependiendo de la carga de trabajo de la Audiencia. Los plazos a aplicar y el procedimiento adoptado por ambas defensas son similares, pero las acusaciones que pesan sobre ambos detenidos son algo diferentes.

Nachit, de 18 años y sin antecedentes penales, fue detenido durante la Operación Puma 70 del pasado 4 de abril, junto con otras 10 personas, todas acusadas de desorden público, atentado a la autoridad y lesiones, aunque la defensa de Nachit ha logrado que la acusación de lesiones caiga por su propio peso: "Al principio se le acusaba de causar lesiones graves a unos policías, pero se ha acreditado que él no las ha causado, lo cual es importante", asegura su abogado, que prevé que se enfrente a una pena de prisión de hasta 7 años, en el peor de los casos.

Milián, de 21 años de edad y también libre de antecedentes, fue detenido el mismo 22 de marzo, y sobre él siguen pesando las tres acusaciones: "No se ha acreditado nada, porque hay versiones contradictorias", denuncia su abogado, Jesús Calpe. "La decisión judicial parece condicionada por la alarma social que han creado los medios más cercanos al Gobierno. Se tenían que llevar a alguien y la Policía es así, por eso incurren en contradicciones, pero ya vemos como se resuelven las grandes estafas en la ciudadanía: no hay casi nadie en prisión", lamenta la defensa de Milián.

El abogado asegura que su cliente se encuentra integrado, "colaborando y haciendo cosas en su módulo", e insiste en que esto no es más que "una cortina de humo para desviar la atención de otros delitos mucho más importantes". "Ya ha dimitido el jefe de la UIP, y creo que deberían dimitir otros más", sostiene Calpe.

Calpe: "La decisión judicial parece condicionada por la alarma social creada por los medios más cercanos al Gobierno"

Las defensas de ambos detenidos coinciden en señalar la particularidad de los casos de sus defendidos: "No es muy habitual en el contexto de una manifestación que se acuerde la presión preventiva de uno de los imputados, creo que ha tenido que ver la repercusión mediática", sostiene Calpe.

Los abogados aseguran también que ambos jóvenes se encuentran en buen estado "dentro de lo que cabe", y no tienen quejas por el trato dispensado por los funcionarios de prisiones.

La comisión jurídica de las Marchas de la Dignidad denunció los malos tratos y vejaciones a varios de los 21 detenidos -2 de ellos menores- tras los disturbios del pasado 22 de Marzo, asegurando que la mayoría sufrieron lesiones durante la detención.

La organización anunció su intención de interponer acciones legales contra la Delegada del Gobierno y la Policía por su actuación el 22 de marzo, pero uno de sus portavoces asegura que aún no pueden concretar más, porque siguen estudiando las acciones a emprender. "Hubo una vulneración de derechos fundamentales. La Policía entró en la plaza siguiendo una provocación de cuatro encapuchados que no tenían nada que ver con la manifestación", denuncia Javier García, del equipo de comunicación del 22-M, que también acusa a la Policía y a grupos de extrema derecha de infiltrarse en la protesta para desvirtuarla.

Este jueves 22 de mayo, una nueva manifestación convocada por la organización de las Marchas de la Dignidad partirá desde la Plaza Jacinto Benavente a las 20.30 horas para desembocar en Sol, exigiendo una vez más la liberación de los dos jóvenes. Desde la detención de 11 personas y la imputación de otras 9 en el marco de la llamada Operación Puma 70, los activistas han organizado varias concentraciones y han difundido numerosos mensajes en las redes sociales , además de organizar conciertos, charlas y recogidas de firmas.

Todo, para logar la liberación de dos jóvenes que consideran inocentes, y para denunciar la criminalización de las Marchas de la Dignidad. El 22 de marzo, cerca de un millón de personas participaron en una manifestación masiva, pero los activistas critican que el Gobierno de Rajoy y los medios de comunicación se han quedado con las imágenes de los disturbios que dieron al traste con una reivindicación pacífica y multitudinaria, quedando relegadas a un segundo plano sus reivindicaciones.