El grupo español Marsans rechazó "falsos" cargos de fraude y culpó a los sindicatos por la crisis de Aerolíneas Argentinas, al responder hoy en el Parlamento argentino sobre la situación de la compañía que acordó traspasar al Estado.

Durante un plenario de casi cinco horas con unos 70 diputados de las comisiones de Transportes y Presupuesto, el director corporativo de Marsans, Vicente Muñoz, ratificó que el grupo "quiere cobrar lo que valga la empresa", según lo determine la auditoría pactada con el Gobierno argentino, que afirma que no debe pagarse nada.

Subrayó que Marsans "cree en el acuerdo" de traspaso firmado el 17 de julio pasado, por lo que no tiene "un plan B", en caso de que la operación sea rechazada por el Parlamento argentino.

Sostuvo que son "falsos" los cargos de fraude y otros delitos que pesan en España y Argentina sobre Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, los dueños de Marsans, y su ex socio, Antonio Mata, aunque admitió que los tres están procesados por la justicia española.

Apuntó que el Tribunal de Cuentas de España "ha aprobado" el giro de fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a Marsans en octubre de 2001, cuando la entidad traspasó Aerolíneas al grupo turístico, asunto que investiga el juzgado 35 de Madrid.

Muñoz, uno de los dos representantes de Marsans en la "comisión de transición" de cinco miembros que gestiona Aerolíneas, remarcó que son "malintencionadas" las denuncias de sobre-venta de pasajes y la salida de servicio de aviones de la compañía y su subsidiaria Austral.

En reiteradas ocasiones aseguró que la firma española fue víctima de un "hostigamiento permanente" de los sindicatos de pilotos y técnicos, lo que sumado a la "política aerocomercial" del gobierno de Argentina desembocó en la decisión "de vender" la compañía.

"No nos hemos llevado ni un solo peso, reinvertimos las escasas ganancias que tuvimos en estos siete años (desde octubre de 2001). Sufrimos el permanente hostigamiento sindical y la política aerocomercial", subrayó.

"Somos conscientes de que hemos cometido algunos errores y por ello pedimos disculpas", apuntó Muñoz, quien acudió al plenario acompañado por Eduardo Aranda, el otro miembro de Marsans en la comisión que actualmente gestiona a la compañía.

Muñoz mantuvo polémicas, algunas ásperas, con diputados oficialistas y opositores que repudiaron la "nefasta gestión" de Marsans y lo acusaron de "vaciar" la aerolínea de bandera.

Dijo que "disiente" con que el Gobierno no deba pagar por el traspaso, porque Marsans piensa "cobrar lo que diga la auditoría que vale la empresa" en los términos pactados, lo que incluye que una consultora independiente dirima la discrepancia entre las partes.

Aseguró que los legisladores deben "quedarse tranquilos" porque "el borrador" del balance de las compañías de 2007, en manos de los auditores, da un resultado con activos "un poco por encima o poco por debajo" de los pasivos, que suman 890 millones de dólares.

El empresario español insistió en que el valor de las compañías "debe fijarse por el flujo de fondos, no por el patrimonio neto" (pasivos menos activos), lo cual fue rechazado por diputados que se niegan a que en esos movimientos se computen los subsidios y otros beneficios otorgados por el Gobierno argentino.

Negó "en absoluto" que haya habido fraude o vaciamiento por el hecho de que haya un pasivo de 147 millones de dólares por sobre-venta de pasajes, como indica una denuncia contra Marsans en tribunales de Buenos Aires.

"No hubo sobre-venta de billetes, es lo normal en el negocio aeronáutico y si no pudimos cumplir fue por las huelgas que los pilotos hacían en temporada alta, lo cual causó mayores daños a la compañía", puntualizó.

Los directivos de Marsans negaron además que haya un "acuerdo secreto" con el Gobierno para que el Estado asuma las deudas de Aerolíneas, como publicó hoy un diario local, y también desmintió el secretario argentino de Transportes, Ricardo Jaime.

Tras interpelar a los directivos de Marsans, los legisladores interrogaron al designado gerente general de Aerolíneas, Julio Alak, quien opinó que el Estado argentino no debería pagar nada al grupo español.