Publicado: 21.03.2014 07:00 |Actualizado: 21.03.2014 07:00

Más de 16.000 personas han muerto intentando superar las barreras europeas a la inmigración

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La política migratoria de la Unión Europea ha tenido un alto coste en euros e incalculable en vidas humanas. Entre 1993 y 2012, más de 16.000 personas desaparecieron o murieron tratando de alcanzar las fronteras comunitarias, según la red Migraeurop, que desmiente la "amenaza" de la presión migratoria que las instituciones tratan de inocular en el ciudadano. Esa inminente "avalancha" de la que se hacen eco los medios ha tenido como consecuencia el blindaje de los perímetros fronterizos y la construcción, acelerada en la pasada década, de la llamada Europa Fortaleza.

"Los movimientos de población, producto de la globalización, son inevitables y no van a parar", deja claro la jurista Claire Rodier, cofundadora de Migraeurop, quien añade una futura figura a los huidos de las guerras y a los que buscan mejores condiciones de vida: los refugiados medioambientales o desplazados climáticos, que se verán obligados a dejar su tierra por culpa de inundaciones y desertizaciones. "El cierre de Europa sólo está provocando un desplazamiento del flujo migratorio hacia la frontera greco-turca", añade la autora de El negocio de la xenofobia, convencida de que el refuerzo de los controles tiene una explicación monetaria.

Es la "economía de la seguridad", que comienza con los dispositivos tecnológicos que rastrean a los migrantes (con un papel destacado de la empresa española Indra) y termina con un vuelo de deportación a sus países de origen (las ONG han denunciado reiteradamente el lucro que brindan las expulsiones a la compañía Air Europa). En medio, "el mercado de las detenciones y la vigilancia de los internos", que genera cifras astronómicas. Basta ceñirse al presupuesto aprobado el pasado jueves por el Parlamento Europeo: 3.100 millones de euros hasta 2020 para asilo, migración e integración, a los que habría que sumar 2.760 para seguridad interior. España recibirá 257 y 195 millones, respectivamente.

Luego hay otro desembolso más allá de la "muralla": el pago a terceros países para que controlen las fronteras y encierren a los migrantes, una "externalización" o "deslocalización" que evita que los estados miembros de la UE se manchen las manos, aunque no garantiza el respeto por los derechos humanos. Las ONG subrayan que los beneficiados serían, principalmente, Libia, Argelia, Marruecos, Ucrania y Turquía.

"Europa está involucrada en una guerra contra los inmigrantes", cree Rodier, quien ante la ineficacia del sistema entiende que la política migratoria se ha convertido en un negocio. Si bien España acaba de abrir la puerta a la privatización de los Centros de Internamiento de Extranjeros, muchas empresas ya se están lucrando con su gestión. "En Reino Unido, para ser más competitivas en los concursos, reducen el presupuesto y ofrecen un peor servicio", pone como ejemplo. "En Italia se confía la asistencia a asociaciones que se declaran caritativas, aunque en realidad son oportunistas en busca de beneficios", añade esta especialista en políticas de inmigración, quien participó el pasado lunes en unas jornadas organizadas por SOS Racismo en Madrid para conmemorar el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, que se celebra hoy.

Allí desgranó algunos números que explican el volumen del negocio: en 2012, 570.660 extranjeros pasaron por 473 centros de internamiento de la UE; aunque la directiva de retorno establece que la detención máxima es de 18 meses (caso de Italia y Alemania, mientras que en España son 60 días), si son puestos en libertad se arriesgan a ser detenidos y encarcelados de nuevo; de todos ellos, 252.785 fueron expulsados. Otro apartado —no menos lucrativo— del que sacan partido aerolíneas y, en Estados Unidos, empresas de seguridad privada que ofrecen mercenarios para vigilar a los deportados hasta que llegan a su destino.

"La militarización es el problema, no la solución", insiste Peio Aierbe, responsable del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia, quien cree que los Gobiernos emplean la excusa de la lucha contra las mafias para criminalizar a los inmigrantes. "La política del cierre de fronteras, además de una tragedia, es un fracaso porque sigue llegando gente", afirma este activista de SOS Racismo. En 2013, unos 7.550 inmigrantes lograron cruzar la frontera y alcanzar España (130 desaparecieron o perdieron la vida en el intento), frente a los 15.572 de 2008, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

Crítico con Frontex, que gestiona la vigilancia de las fronteras europeas, Aierbe sostiene que el empeño en reforzarlas (el presupuesto de la citada agencia pasó de 19 millones en 2006 a 85 en 2013) ha estimulado sin embargo la aparición de mafias. La llave a la que recurren los migrantes, a su juicio, para tratar de abrir la puerta comunitaria.

SOS Racismo Madrid celebra mañana el acto de clausura de las Jornadas Antirracistas 2014 en el local del periódico Diagonal (calle de la Fe, 10), donde tendrá lugar la entrega de premios del concurso Luz contra el racismo y la proyección de los cortometrajes y fotografías seleccionadas.