A las siete y media de la mañana mexicana (dos y media de la tarde en España), la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, se reunió con un sonriente y afectuoso Ban Ki Moon, secretario general de la ONU, y le comunicó la decisión del Gobierno español de aprobar el Plan de Derechos Humanos en diciembre. Ambos coincidieron en Ciudad de México, donde se celebra la XVII Conferencia Internacional del Sida.

Esta iniciativa fue anunciada por María Teresa Fernández de la Vega a principios del pasado mes de mayo, durante su primera intervención en el Congreso, recién comenzada la novena legislatura. España se suma así a los 13 países que disponen de un plan de este tipo: Australia, Malawi, Letonia, Filipinas, Brasil, Canadá, Indonesia, México, Sudáfrica, Venezuela, Bolivia, Perú y Suecia. Colombia lo tiene en proceso de aprobación.

Ban Ki Moon, según confirmaron fuentes asistentes al encuentro, felicitó a España por su compromiso 'largamente demostrado' en este ámbito y aceptó de buen grado el deseo del Gobierno de cofinanciar la celebración del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tendrá lugar el 15 de diciembre en la sede de la ONU de Nueva York, con un concierto de la Orquesta de las Tres Culturas dirigida por el israelí-argentino Daniel Baremboim. Nuestro país aportará la mitad de los más de 130.000 dólares que costará el evento; los otros 65.000 dólares correrán a cuenta de la ONU.

El futuro Plan de Derechos Humanos constituye una iniciativa que, según explicaron fuentes de la vicepresidencia, tiene trabajando a la mayor parte del Gobierno, 'siete ministerios', que se ocupan de revisar la legislación actual en materia de derechos humanos para recogerlo todo e ir 'más allá'.

Esto incluiría, por ejemplo, los principios de una ley futura detallados por la vicepresidenta en su último viaje a África sobre lucha contra la trata de seres humanos, ya sea con fines económicos o sexuales, o los llamados derechos de cuarta generación, relativos, por ejemplo, al medio ambiente.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió el pasado junio ante la presidenta de Amnistía Internacional (AI), Irene Kahn, a poner en marcha el plan antes de fin de año. Kahn puso encima de la mesa las recomendaciones de su organización. La mayoría de los consejos están relacionados con el departamento de Interior. AI exige la instalación de cámaras de seguridad, bajo control judicial, en todas las zonas de custodia de las comisarías para evitar los casos de tortura policial que se puedan producir.

Amnistía Internacional exigió a Zapatero la creación de un registro policial específico de las agresiones racistas y el desarrollo de las ayudas de la Ley de la Memoria Histórica para la reparación de los represaliados del franquismo.

Durante su reunión, De la Vega y Ki Moon repasaron otros asuntos clave de la política de Naciones Unidas y, por tanto, española. Uno de ellos fue el terrorismo y, en concreto, sus víctimas, que el próximo 9 de septiembre se reunirán en Nueva York llegadas de todas partes del mundo. Por parte española, según confirmó la delegación española que viaja con Teresa Fernández De la Vega, acudirán representantes de las asociaciones de víctimas del terrorismo de ETA y del atentado del 11 de marzo de 2004.

La vicepresidenta acudió en diciembre de 2007 a la sede de Naciones Unidas, donde se aprobó el Fondo de Ayuda para las Víctimas del Terrorismo, en el que España es el primer país contribuyente, con 160.000 euros. Por su parte, Ban Ki Moon pidió a la vicepresidenta que España proponga una persona para la terna de candidatos que podrían ocupar el cargo de subsecretario general de Seguridad e Inteligencia de la ONU, puesto que será elegido por la Asamblea de Naciones Unidas.