El presidente catalán, José Montilla, descartó el martes adelantar las elecciones catalanas después de conocerse el fallo sobre la constitucionalidad del Estatuto catalán, que ha generado airadas reacciones en Cataluña y ha llevado a la convocatoria de una manifestación ciudadana en protesta por lo que consideran un atropello al derecho al autogobierno.

La campaña para los comicios regionales, previstos para el otoño, estará previsiblemente marcada por el fallo del Tribunal Constitucional, que el lunes avaló el grueso del texto estatutario pero eliminó catorce artículos y dictaminó que la alusión a Cataluña como "nación" carecía de validez jurídica.

Este fallo llevó ayer a un Montilla "indignado" a pedir una movilización ciudadana en defensa de la integridad del Estatut, y esa petición se ha visto concretada hoy con la fijación de una fecha, el 10 de julio, para que los ciudadanos catalanes protesten por los cambios introducidos en un texto que ellos mismos refrendaron en las urnas.

"Asistiré detrás de aquello que nos une a la inmensa mayoría de los catalanes, la senyera (la bandera catalana)", dijo Montilla en rueda de prensa tras la reunión del Gobierno catalán.

Esa protesta, "unitaria, serena, masiva, cívica y democrática", canalizará el descontento de la ciudadanía y de los partidos catalanes, a los que Montilla pidió unidad, pese a entender que podía ser complicado ante la cercanía electoral.

Además de rechazar un adelanto electoral, el dirigente socialista también descartó la celebración de un nuevo referéndum estatutario.

Montilla, que dijo que el Estatuto resultante de la sentencia conservaba un gran potencial de autogobierno, pedirá una reunión con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "para plantear las fórmulas para hacer posible y constitucional aquello que se había pactado con el convencimiento de su constitucionalidad".

"Lo que quiero es rehacer el pacto estatutario, reforzar el pacto constitucional, creo que es la vía que necesita Cataluña, la vía que es posible", indicó.

Las declaraciones de Montilla se sumaron a las de numerosos representantes de la política catalana, como el presidente del Parlamento catalán, Ernest Benach, que afirmó que el fallo provocaba una "crisis de Estado" al ignorar la voluntad expresada en las urnas por el pueblo catalán y variar el texto aprobado en referéndum hace cuatro años.

"El hecho de que el Tribunal Constitucional recorte y reinterprete lo que habían pactado las Cortes del Estado y el Parlamento de Cataluña, y que el pueblo catalán había aprobado en referéndum desacredita el mismo sistema institucional del Estado español", afirmó Benach en una declaración institucional.

El Parlamento catalán tiene previsto celebrar un pleno extraordinario en cuanto la Cámara disponga de la sentencia, que se espera que se haga pública en los próximos días.

El líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, en su primera reacción a la sentencia sobre el Estatuto, recurrido por su partido, dijo que ahora tocaba "mirar hacia el futuro".

"Hacerlo con ánimo de concordia, ocuparnos de los problemas que tienen los españoles, que son muchos, y recuperar los grandes consensos de la transición, que se han plasmado en la Constitución y que nunca se debía haber perdido", dijo Rajoy en una intervención en Madrid.

REACCIONES

Aunque el mismo lunes ya hubo numerosas declaraciones por la sentencia, un día después siguieron produciéndose las reacciones políticas.

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, habló de "quiebra del estado autonómico" y de "cóctel explosivo".

"Lo que hace la sentencia del tribunal es imponer unilateralmente los límites del Estado autonómico al margen de la voluntad popular y de las instancias políticas representativas del pueblo catalán", afirmó Ridao en RNE.

"Tenemos un conflicto político de primer orden, porque este pleito estatutario no resuelve sólo el tema del Estatuto, está resolviendo un problema más amplio como es el modelo de Estado, y aquí hay una auténtica impugnación del Estado autonómico tal como se entendió durante el pacto constitucional", añadió.

Por otra parte, el presidente de la Comisión Constitucional en el Congreso, el socialista Alfonso Guerra, consideró extraño pedir que los ciudadanos se manifestaran "en sublevación" contra la sentencia, cuando a la vez se decía que se había salvado el 95 por ciento del texto.

"Seguramente están obligados a hacer ruido. Naturalmente tendrán que acatarla y no pasará nada, como ocurre en un Estado de derecho (...) Lo demás es ruido que no tiene ninguna trascendencia", declaró.

Por su parte, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dijo que el Constitucional enmendaba o anulaba sólo "algo más de 300 palabras" de las alrededor de 38.000 que tenía el texto, y dijo que el tribunal había concluido que "España no se rompe", como había afirmado el PP.

como la de educación -, algunas de las cuales pueden verse condicionadas por el fallo. Uno de los puntos más importantes es el tema de la financiación, ya que el Estatut ha permitido incrementar los tributos cedidos a Cataluña, que ha pasado a gestionar el 50 por ciento del IVA y del IRPF.