La portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo (Ráfol de Salem (Valencia), 1963), lleva mal el posar para las entrevistas, pese a haber cumplido ya diez meses como portavoz del órgano de Gobierno de los jueces. Es la cara y la voz de un Consejo con el que por primera vez los jueces han hecho huelga y que ha sido incapaz por primer vez en su historia de alcanzar un acuerdo para informar sobre un anteproyecto legislativo, el de la reforma de la ley del aborto.

¿El que el CGPJ no haya informado el anteproyecto de ley del aborto augura una división en bloques como la padecida en el Consejo anterior?

Yo creo que no. Creo que a lo largo de estos diez meses hemos dado pruebas de que trabajamos por buscar decisiones consensuadas y que somos un Consejo que apuesta por el diálogo y por adoptar decisiones que beneficien a la sociedad. Yo particularmente pienso que se vieron claras dos posiciones en el Pleno sumamente enfrentadas desde el momento en que un informe partía de la compatibilidad del anteproyecto con la Constitución y el otro entendía que era absolutamente incompatible e inconstitucional. Que a partir de ahí estemos fracturados yo estoy segura de que vamos a seguir trabajando en buscar siempre un consenso para mejorar la Justicia.

¿Entonces?

Es evidente que somos 20 vocales con sensibilidades diferentes, con ideologías diferentes. Creo que eso enriquece a la institución. Lógicamente no siempre vamos a conseguirlo. El Consejo, por primera vez, no ha podido cumplir con una de sus funciones: informar un anteproyecto de ley. No fuimos capaces. A mí personalmente me frustra.

¿Cree que tendrá alguna trascendencia la falta de un informe de cara a futuros recursos?

Que los partidos políticos decidan o no recurrir al Constitucional no va a depender del hecho de que el Consejo no haya emitido informe. Es verdad que no hemos conseguido aprobarlo, pero también es cierto que hemos trabajado mucho, y se han elaborado dos textos que, desde de su posición jurídica, son dos textos buenos, y el Parlamento sabe que están a su disposición.

¿Cómo se puede explicar a los ciudadanos que los jueces lleguen a decisiones contrapuestas a partir del estudio de una sentencia, en este caso la del Constitucional de 1985?

Porque cada uno le da una interpretación diferente.

Si es así, ¿es porque los jueces tienen muy en cuenta sus convicciones personales?

Yo creo que no. No es la primera vez que ocurre. En el mundo judicial, a veces la resolución que se ha dictado en primera instancia no tiene nada que ver con la que luego dicta el Tribunal Supremo. Lo establece nuestro Código Civil: los jueces en la aplicación de la normas también tienen que hacer un ejercicio de interpretación de las mismas. No sólo en temas como el aborto, sino también en otros temas muy importantes hay discrepancias.

También influye que sea un asunto como el aborto

Que en este tema en concreto las cargas ideológicas, los principios morales de cada uno, hayan de alguna forma determinado algunas posiciones, yo creo que pertenece al fuero de cada uno. Cada vocal deberá saberlo. Yo no puedo decir lo que han tenido en cuenta. Lo que sí puedo asegurar es que en el Pleno hubo un debate jurídico y técnico.

¿Entonces no cree que en el voto del presidente del CGPJ, Carlos Dívar, pesaron sus convicciones religiosas?

Los dos informes del Pleno no estaban representando dos posiciones ideológicas distintas. En el Pleno hubo un debate ante todo jurídico. Lo único que sé es que tras el debate se votó conforme a unos criterios jurídicos y no creo que las posiciones ideológicas fueran tan determinantes.

¿Cree que los jueces se sienten respaldados por el Consejo?

Espero que sí. Desde luego, estamos trabajando de forma activa, con un gran compromiso, para mejorar la situación de la justicia y por supuesto para que se sientan apoyados.

¿No considera que faltó apoyo al juez Baltasar Garzón durante la campaña que el PP hizo contra él por el caso Gürtel?

La protección y el apoyo que el Consejo puede ofrecer a un juez que se sienta atacado en su independencia judicial se materializa a través del amparo. Cuando un juez considera que partidos políticos o determinados representantes atacan su independencia, puede solicitar la protección al Consejo. En ningún momento Garzón pidió amparo al Consejo y el CGPJ no puede actuar de oficio.

Cuando el vicepresidente del CGPJ criticó al magistrado, el incidente se saldó con un ligero rapapolvos a Fernando de Rosa.

Tras aquel incidente, el vicepresidente dio las explicaciones oportunas, pidió disculpas ante la Comisión Permanente y las ratificó en el Pleno. Hubo una declaración institucional del Consejo exigiendo expresamente el respeto institucional a las decisiones de los jueces y que todos los representantes de los poderes del Estado y de las instituciones dejen trabajar con tranquilidad y sosiego a los representantes del tercer poder del Estado.

A este Consejo no se le dio la tregua de 100 días que se suele dar a cualquier gobierno. ¿Considera acabada la amenaza de huelga de los jueces o teme la convocada por la APM para el 8 de octubre?

Confío en que el trabajo que se está haciendo evite los paros judiciales. Se está trabajando por la vía del diálogo y se están ofreciendo soluciones que no pueden, de forma inmediata, acabar con los problemas de la justicia, que no han aparecido en el siglo XXI, los venimos arrastrando desde hace muchos años. Creo que hay voluntad política, por parte del Ministerio y de las comunidades, para abordar, invertir y trabajar por la reforma y la modernización. Confío en que finalmente no haya paros judiciales.

¿Qué pasó con los nuevos módulos de trabajo que prometió el CGPJ para el mes de junio?

El trabajo se concluyó por parte del Consejo, lo que ocurre es que se puso a disposición de los jueces de las distintas jurisdicciones y de las asociaciones con la finalidad de que hicieran las aportaciones oportunas. Han surgido problemas en algunos órdenes jurisdiccionales que motivaron la oposición por parte de integrantes de la carrera judicial. Como lo que queremos hacer es un instrumento de trabajo que sea verdaderamente útil, objetivo y capaz de medir la entrada de trabajo en los distintos órganos judiciales, se reelaborará el informe.

¿Cree que los ciudadanos entendieron la sanción de 1.500 euros impuesta al juez Tirado?

Espero que entendieran que el Consejo debe aplicar las leyes con equidad sin dejarse llevar por la ola mediática que provocó el dolor de la sociedad por el asesinato de Mari Luz. Nos solidarizamos con la familia, pero somos un órgano constitucional que debe actuar siempre desde el rigor jurídico.

¿Deben modificarse las sanciones a los jueces?

Nosotros tenemos que interpretar y aplicar las normas en materia disciplinaria. Pero es al legislador al que corresponde valorar si efectivamente a la ley orgánica le corresponde o no una modificación.

En la intranet judicial usted fue uno de los blancos por ser fiscal y mujer, ¿cómo se lleva eso?

Yo creo que en aquella época, con motivo de la huelga, se pudieron decir muchas cosas. No sólo referentes a mí, sino a otros muchos vocales y al Consejo en general. A nadie le gusta que hablen mal, pero estoy desempeñando un cargo público y tengo que ser consciente de que mi actuación no puede gustar a todos. Estoy sometida a la valoración y a la crítica no solamente de los jueces sino también de la sociedad.

El Consejo ha sido noticia por la propuesta de la mayoría de sus miembros de compensar su residencia en Madrid con entre 600 y 1.000 euros, ¿lo cree compatible con la crisis?

Cualquier tema relacionado con algo que pudiera suponer un incremento económico encaja mal. No ha habido una solicitud de aumento de sueldo. Tampoco la ha habido de indemnización por vivienda. No ha habido ningún acuerdo para incrementar el gasto y lo único que se ha pedido es un estudio de una medida que en todo caso pudiera ser compensada con gastos, por ejemplo, de traslados, que nunca conllevará un incremento económico.

Los Tribunales Superiores tienen una relación cercana con los consejeros de Justicia respectivos, ¿les influye en las causas que instruyen como el caso Gürtel?

Las Salas de lo Civil y Penal no dependen de las Comunidades Autónomas. El presupuesto de los TSJ no lo fijan las comunidades autónomas. El presupuesto de medios materiales y personales lo fija el Ejecutivo autonómico, pero no con el presidente del TSJ.

O sea que el presidente del TSJ de Madrid no tenía por qué comer con el consejero Granados.

Cada uno en su ámbito privado puede comer con quien quiera.

Y el presidente de la Generalitat valenciana, imputado en el caso Gürtel, dijo del presidente del TSJ de Valencia que la palabra amistad se quedaba corta para definir su relación...

La ley establece unas causas por las que un juez tiene que abstenerse del conocimiento de una causa. Dentro del listado está la amistad íntima o la enemistad manifiesta. Yo no sé hasta qué punto la relación de amistad entre el presidente De la Rúa y el presidente de la Generalitat tiene ese grado de amistad íntima para deber abstenerse. Cualquier persona, como ciudadano, puede tener sus amistades y puede en el ámbito privado desempeñar su vida con normalidad. No me corresponde a mí valorarlo.

El mandato de Juan Luis de la Rúa ha caducado, ¿cuándo saldrá a concurso la presidencia del TSJCV?

Está previsto en septiembre, después del verano, si la Comisión Permanente lo considera.

¿Hay que esperar a que acabe el caso Gürtel?

No tiene nada que ver. Porque no estamos hablando del cese de un magistrado que se va. De la Rúa tiene su plaza en Valencia.

¿Qué opina de las filtraciones que se dan en alguna causa?

Me parece que desnaturalizan el derecho a la información. Deberíamos ser muy rigurosos, porque si es verdad que la Constitución garantiza el derecho a la información objetiva y veraz, cuando esa información sale a través de cauces distintos de los que debería salir y puede incluso perjudicar la propia marcha de un proceso, no estamos hablando de información sino de manipulación y desinformación.

Usted ha sido ocho años fiscal de Menores, ¿se debe rebajar la edad penal?

Siempre me he manifestado en contra. No soy partidaria de la rebaja de la edad penal a los 12 años, pero es que tampoco lo soy de legislar a golpe de dolor, a golpe mediático de telediario. Cualquier reflexión sobre la reforma de un texto legal tenemos que abordarla desde la tranquilidad. El hecho de rebajar la edad a los 12 años, personalmente, me chirría mucho, creo que es absolutamente contrario a la convención de los derechos del niño. Dimos un gran paso con la ley de 2000. Lo que tenemos con los menores de 14 años es un problema de fracaso social. Hay que saber intervenir para impedir que cometan hechos tan atroces como los de estos días, pero con medidas previstas en la ley. Es un problema de medios.

¿Y qué se puede hacer?

Se pueden adoptar medidas que incluso pueden ser hasta de internamiento en centros de protección. Si eso realmente se hiciera, la sociedad no sentiría esa sensación de impunidad de que menores de 14 años cometen un delito y se van a su casa. Nuestro ordenamiento dispone de herramientas para poder intervenir con medidas educativas directamente sobre estos menores.

¿Por qué no se hace?

Hace falta una gran voluntad política para invertir en más medios, también de las comunidades autónomas, para que las previsiones de la ley puedan cumplirse. El problema es una falta absoluta de centros, de educadores... De voluntad política. Hay que poner medios para que funcionen las medidas educativas, es la mejor forma para proteger también a las víctimas.