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El nombre del pueblo en vano

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Son demasiados los que aducen repetidamente que la asonada militar en Honduras no es un golpe de Estado, sino la mera destitución de un presidente que pretendía violar la Constitución. Otros admiten que son golpistas los que secuestraron a Manuel Zelaya a tiros, pero alegan que los hondureños en realidad celebran su caída porque ha sido un 'gobernante fallido'.

Todos ellos citan el consenso contra Zelaya de los poderes legislativo, judicial y militar para argumentar que en Honduras se desprecia su giro político izquierdista y se teme su alianza con el chavismo, con lo que se deduce que su derrocamiento es el menor de los males del país. Y serán estos mismos razonamientos sesgados los que utilice una parte muy poderosa de la comunidad internacional con el fin de aprovechar esta crisis para frenar la expansión de la influencia de Chávez y sus aliados en la región.

De hecho, ese objetivo final de toda la operación ya fue admitido al Financial Times por la viceministra de Exteriores designada por los golpistas, Martha Lorena Alvarado de Casco: 'Lo que hemos hecho es detener la agenda de Chávez en Centroamérica'. Por supuesto, tanto ella como el magnate Micheletti propietario de las redes de transporte interurbano en el segundo país más pobre de América Central, y el resto de la élite empresarial y ganadera del país, actúan en exclusivo beneficio del 'pueblo y la soberanía de Honduras', y en defensa de 'la legalidad constitucional'.

Es por ello, claro, que lo primero que han hecho ha sido suspender indefinidamente cinco artículos de la Constitución (71, 78, 79, 80 y 81), que son los que salvaguardan cosas tan nocivas para el pueblo como los derechos de reunión, asociación, circulación y manifestación ciudadana. Además, han dado un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para allanar domicilios durante el toque de queda nocturno, también impuesto en mayor interés de la ciudadanía.

Lástima que esa oligarquía, enriquecida durante los más de 20 años de dictaduras militares que terminaron en 1982, no haya hasta ahora pensado en los intereses de la población, más de la mitad de la cual vive por debajo del umbral de la pobreza. Precisamente uno de los delitos más ofensivos para esa élite empresarial que cometió Zelaya fue el de ordenar una subida considerable del salario mínimo.

En cuanto a la soberanía nacional que hoy se arrogan esos políticos, militares y potentados, resulta que en el mismo año 82 en que se aprobó la ahora sacrosanta Constitución dictada por la Junta Militar saliente de Policarpo Paz, el Gobierno de Tegucigalpa permitió la utilización de su territorio como base para los contras nicaragüenses, armados por EEUU y que llegaron hasta a minar los puertos civiles del país vecino.

Son tantos los comentaristas que aluden a los planes de reforma constitucional de Zelaya como si fueran delitos de lesa majestad, que viene a la memoria la célebre sentencia fascista: 'Cuando oigo la palabra referendo, me dan ganas de sacar la pistola'.

Porque eso es exactamente lo que han hecho los golpistas hondureños, ante la amenaza de una consulta popular. Eso sí, usando el nombre del pueblo en vano.