Un funcionario, elegido por las instituciones democráticas, que pone sus habilidades jurídicas y políticas al servicio de la defensa de los intereses de los ciudadanos frente a los abusos del poder. La propia definición del Defensor del Pueblo hace intuir las muchas complejidades de un cargo y una función conectar la calle con el poder sometido inevitablemente a tensiones y contradicciones. 'Nuestra fuerza reside en la autoridad moral, y debemos vincular esa autoridad con la calle, con las asociaciones, con los medios', explica Iñigo Lamarca, Ararteko o Defensor del Pueblo vasco.

Público ha charlado con cuatro defensores del pueblo de sendas autonomías, que coincidieron la pasada semana en un congreso sobre voluntariado de la Fundación Forja XXI en Sevilla. De las opiniones acerca de su propio papel en la democracia, consagrado por la Constitución, sobresale una común a todos: la dignidad y valor de su cargo debe ganarse día a día dando ejemplo, ya que también coinciden sin excepción su poder fáctico es escaso o, al menos, muy relativo.

¿No podría reforzarse su rango? 'Reforzar nuestra posición sólo depende de nuestro trabajo', responde María Bueyo, Defensora riojana, que afirma que la figura del Defensor 'goza de un reconocimiento social' y un prestigio que le dan fuerza por sí mismos.

Todos dicen haber vivido tensiones políticas, pero niegan que hasta los despachos de las defensorías hayan llegado presiones de ningún tipo. 'Y no lo permitiría. Eso es un presupuesto que tiene que estar claro desde el principio', afirma Lamarca. La defensa de su independencia marca todas las valoraciones de los defensores. Saben que un juicio partidista podría dar al traste con su credibilidad ya que su papel de filtro de los intereses de la calle los convierte, frecuentemente, en armas arrojadizas para los partidos políticos. 'Es normal que empleen datos de nuestros informes en los debates, forma parte del funcionamiento normal de la democracia. Ahí no entramos', dice María Bueyo, de La Rioja, resumiendo el sentir general.

Pese a que en las jornadas de Sevilla, José Chamizo, Defensor andaluz, reclamó 'mayor compromiso' de las administraciones, la percepción general que tienen no es la de nadar a contracorriente de la agenda política. 'Nos escuchan, no siempre, pero nos escuchan', dice Chamizo, quien afirma que 'harían falta más recursos' pero que, 'en tiempos de crisis, hay que conformarse un poco'.

María Fernández Felgueroso, de Asturias, cifra en un 70% el número de recomendaciones de su Defensoría aceptadas por el Parlamento. Ella pone el acento en su papel como vehículo de acceso de los ciudadanos a las administraciones. 'Somos fáciles y gratuitos', subraya. 'Es importante que la gente nos vea asequibles'. Las quejas que les llegan tienen con mucha frecuencia que ver con administraciones que no responden al ciudadano, cuestiones sanitarias, sociales muy especialmente sobre la Ley de Dependencia o ligadas a la inmigración y la exclusión.

'Tenemos que llegar a todas partes, ayudándonos de las asociaciones para estar en la vanguardia del Estado de bienestar', afirma Lamarca, sabedor de que hay gente que no acude a los defensores porque 'desconfía de todo lo institucional, incluidos nosotros'. 'Debemos hacer un esfuerzo extra', añade.