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Los objetores de Educación para la Ciudadanía irán al Constitucional si el Supremo no les da la razón

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Los objetores de conciencia contra Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC) presentarán recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, al que pedirían la suspensión cautelar de la obligatoriedad de cursar la asignatura, si el Supremo no les da la razón.

Así lo han anunciado hoy varias organizaciones promotoras de la objeción de conciencia a propósito de la decisión que el Tribunal Supremo (TS) tome el 26 de enero próximo sobre esta cuestión.

El TS fallará sobre los recursos de casación presentados, respectivamente, a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que reconoció el derecho de objeción de unos padres para que su hijo quedase exento de cursar la materia y tres del de Asturias que lo desestimaron.

"Tenemos una absoluta confianza en lo que pueda dictar el Tribunal Supremo y esperamos con ansia ese pronunciamiento, que estamos seguros de que va a ser comprometido con la libertad y los derechos constitucionales como los que nosotros defendemos", ha indicado en rueda de prensa el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco.

Si la sentencia no fuera satisfactoria, ha precisado Blanco, los objetores presentarían "incidente de nulidad" ante el propio Supremo, y posteriormente recurrirían al Constitucional e incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si no se les diese la razón.

Blanco ha asegurado que será la primera vez que el TS va "unificar y establecer doctrina" jurídica sobre si existe o no un derecho de los padres a ejercer la objeción de conciencia para defender su derecho constitucional a la libertad ideológica y religiosa y a educar a los hijos conforme a sus convicciones.

Ha insistido en que los padres objetores y las asociaciones que los defienden no son rebeldes ni insumisos, sino ciudadanos conscientes de que pueden ir a los tribunales si ven "pisoteados sus derechos por la Administración".

El reconocimiento por los tribunales de los derechos constitucionales de los ciudadanos no socava el Estado de Derecho, sino que lo refuerza y "quien tiene miedo a que los ciudadanos ejerzan sus derechos tiene miedo a la libertad", ha apostillado.

Más allá de lo que decida el Supremo, Blanco cree que sería bueno que el Gobierno manifieste "un poco de sensatez" y "rectifique" para suprimir la asignatura o rediseñarla "de acuerdo con los padres de familia".

El presidente de la Fundación educativa San Pablo-CEU, Alfredo Dagnino, ha afirmado que la objeción de conciencia es de "aplicación directa" según está recogida en la Constitución.

La asignatura supone una "intromisión ilegítima del Estado" en la educación y formación moral de los hijos, ha dicho, y la batalla contra ella es también de tipo "cultural" por "la libertad, la dignidad del hombre, el bien común" y contra "los excesos, cada vez más frecuentes, del Estado".

En nombre de Profesionales por la Ética, Fabián Fernández ha asegurado que entre 8.000 y 10.000 alumnos de Secundaria que deberían cursar este año la asignatura no están entrando a clase y ha calculado en más de 50.000 las objeciones presentadas, el 40 por ciento en centro públicos.

Según Fernández, se han presentado más de 1.700 recursos judiciales en toda España, de los que 277 han sido ya resueltos, "en su inmensa mayoría" a favor de los demandantes

Ha acusado de forma genérica a las consejerías de educación de falta de transparencia, de "amenazas y presiones" y de dificultar la objeción, excepto las de Madrid y La Rioja y, en menor medida, la de Castilla y León.

El presidente de la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), Luis Carbonel, ha denunciado la "campaña orquestada por alguna asociación de padres y por el Gobierno para intentar infundir miedo y presionar al Tribunal Supremo para que dicte una sentencia en contra de los objetores"

Sin citarla, Carbonel se ha referido a la Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que ha dirigido una carta al presidente del Supremo, Carlos Dívar, sobre este asunto.