El Consejo de Seguridad de la ONU se comprometió hoy a proteger a la población infantil afectada por los conflictos armados en el mundo y advirtió de su intención de imponer sanciones a los grupos que reclutan niños soldados.

El máximo órgano de las Naciones Unidas se manifestó partidario de aumentar la presión en favor de los menores víctimas de conflictos armados en una declaración adoptada al término de un debate abierto sobre ese drama.

Los conflictos armados han costado la vida en la última década a unos 10 millones de menores y heridas a otros seis millones, según la ONU.

El debate de hoy fue presidido por el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Samuel Lewis Navarro, cuyo país encabeza este mes el Consejo de Seguridad.

"No podemos continuar ignorando este tipo de problemas, y mucho menos podemos ignorar la responsabilidad de actuar", dijo a Efe el ministro panameño a la salida del acto.

Lewis Navarro señaló: "hoy en día hay un alto reconocimiento del problema y hemos visto cómo algunos de los órganos jurídicos internacionales avanzan en la penalización, pero tenemos que hacer mucho más".

El canciller se mostró complacido por la presencia en el debate de su homólogo francés, Bernard Kouchner; del ministro de Cooperación para el Desarrollo de Bélgica, Charles Michel, y del subsecretario de Estado de Asuntos Exteriores de Italia, Vittorio Craxi, además de representantes de otros 51 países.

Kouchner coincidió con Lewis Navarro en que los organismos internacionales tienen que mantener la presión sobre las partes en conflictos armados y, según dijo, "tenemos que hacer más, mantenernos unidos y ser más efectivos".

En su opinión, fruto de esa presión son los procesos judiciales iniciados en tribunales locales e internacionales por delitos contra menores, como el abierto en la República Democrática del Congo contra Kyungu Mutanga, comandante de las milicias Mai Mai, acusado de reclutar a 300 menores entre 2003 y 2006.

Kouchner también respaldó la posición de la representante especial de la ONU para los menores en conflicto, Radhika Coomaraswamy, quien dijo en su intervención que "es hora de que el Consejo de Seguridad pase de las palabras a la acción".

Coomaraswamy apostó por que se tomen medidas contra las 16 entidades identificadas de forma sistemática en los últimos cinco años en todo el mundo, en su mayoría grupos armados, como responsables de abusos contra menores en conflictos.

Las sanciones incluirían restricciones al desplazamiento de líderes de grupos implicados, su exclusión de cargos públicos o amnistías, embargos de armas y restricciones a la financiación.

En ese sentido, el Consejo reafirma en su declaración su "intención de hacer uso de todos los instrumentos proporcionados por la resolución 1612 de 2005", que incluye la adopción de medidas punitivas.

Los 15 integrantes del Consejo condenan que los menores sigan siendo víctimas mortales de los conflictos, que se les obligue a participar como combatientes y que sigan siendo objeto de abusos sexuales de forma sistemática.

También expresan su preocupación por el elevado número de niños que son víctimas de las minas y las bombas de racimo que quedan sin explotar tras los ceses de hostilidades.

Coomaraswamy dibujó en su intervención un sombrío retrato de la realidad que viven los menores atrapados en enfrentamientos armados que particularmente afectan a las zonas más pobres del planeta, como la región africana de los Grandes Lagos, Sudán o Birmania.

En 18 zonas de conflicto (entre ellas Colombia y Haití) se cometieron en 2007 abusos contra menores como su reclutamiento forzado como combatientes, agresiones sexuales, ataques contra escuelas, secuestros o la negación de su acceso a ayuda humanitaria, según los datos aportados por Coomaraswamy.

Concretamente, apuntó que en 13 de esas 18 situaciones se han identificado hasta 58 grupos armados y Gobiernos responsables de haber reclutado a menores.