La confusión política y jurídica persiste hoy en Bolivia en torno al referendo que decidirá el 10 de agosto la continuidad o revocación del mandato del presidente Evo Morales y los gobernadores, cuando falta una semana para esa votación.

El debate sobre el revocatorio se centra ahora en la fórmula para interpretar sus resultados, tras una decisión de la Corte Nacional Electoral (CNE) acordada con sus filiales regionales que altera los porcentajes regulados por ley para ratificar o revocar a los prefectos (gobernadores).

Tanto el Gobierno como la alianza conservadora Podemos (oposición) han restado validez a la resolución de la CNE, al indicar que es el Congreso Nacional quien debe modificar la ley que regula la consulta.

De hecho, Podemos anunció que estudia detener los resultados del revocatorio en el Senado, donde esta formación opositora tiene la mayoría, según declaraciones del parlamentario Luis Vásquez publicadas por el periódico La Razón.

"¿Cuál es el resultado válido?, esa es la pregunta ahora (...). Si aplicas una norma te va a dar un resultado válido; si aplicas la otra te va a dar otro resultado válido", aseguró el legislador.

El partido Unidad Nacional, también de oposición, considera que el revocatorio no "resolverá la crisis política", y, según su líder, el empresario Samuel Doria Medina, el país se encamina a un "caos jurídico".

"Ya no se respeta la Constitución. Cada institución toma las atribuciones que le parecen generando cada vez un mayor caos jurídico y a la vez un caos político", declaró hoy Doria Medina a Radio Panamericana.

Por su parte, el Gobierno de Morales ya se ha mostrado partidario de mantener la ley del referendo y los porcentajes sobre la revocación tal y como están.

En este referendo "están en juego dos programas de Gobierno y dos modelos económicos" más que la continuidad de las autoridades, dijo anoche el presidente Evo Morales.

"¿En este referendo revocatorio qué está en debate? No está Evo Morales, no se equivoquen, Evo Morales es pasajero. Están en debate dos modelos económicos: nacionalización o privatización de nuestros recursos naturales", sentenció en un acto de campaña.

El inédito referendo revocatorio del 10 de agosto fue propuesto en diciembre de 2007 por el propio mandatario izquierdista, en un momento de tensión política en el país relacionado con el proceso constituyente.

Este proyecto de ley fue aprobado casi inmediatamente por la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, pero retenido en el Senado, controlado por la oposición, durante cinco meses.

En mayo, de forma sorpresiva, la mayoría de Podemos en el Senado decidió "descongelar" esta iniciativa y se aprobó por unanimidad sin modificar el texto propuesto por Morales.

La ley del revocatorio establece que una autoridad quedará revocada en su cargo si los votos contra su gestión (el "no") superan tanto el número de sufragios como el porcentaje de apoyo que cosecharon en las elecciones de 2005, cuando fueron elegidos.

En el caso de los gobernadores, el respaldo electoral que obtuvieron en 2005 se sitúa entre el 38 y el 48 por ciento, mientras que Morales y su vicepresidente fueron elegidos con un 53,7.

Los opositores regionales entienden que estos criterios perjudican a los prefectos y benefician al presidente Morales.

Ante el rechazo que ha suscitado esta fórmula, el presidente de la CNE, José Luis Exeni, alcanzó un acuerdo con las cortes departamentales en el que se propone que un prefecto solo sea revocado si el "no" a su gestión supera el 50 por ciento de los votos.

Además de este debate, también se ha puesto en duda la constitucionalidad del referendo, lo que ha llevado al partido Unión Nacional y al prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa, a presentar sendos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) para frenar la consulta.

Silvia Salame, la única magistrada del alto tribunal tras la renuncia consecutiva de sus otros cuatro miembros, emitió al respecto dos decretos en los que resolvía suspender la consulta hasta que se completen los nombramientos del Constitucional y se pueda decidir sobre la cuestión.

Sin embargo, tanto la Corte Electoral como el Gobierno de Morales han rechazado estos decretos de la magistrada que consideran meras "sugerencias" a título personal.

Pese a todo, este proceso sigue adelante y la campaña hacia el revocatorio entra esta semana en su recta final en un escenario marcado, igualmente, por el aumento de los conflictos y protestas sociales en todo el país.