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Piden que se impute al alcalde de Alhaurín y a otras 24 personas en el "caso Troya"

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La Fiscalía ha solicitado que se inculpe al alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), y a otras veinticuatro personas en el denominado "caso Troya", que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística en esta localidad.

Según el escrito al que ha tenido acceso Efe, "en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande funcionaba una trama al frente de la cual se hallaban sus máximas autoridades, cuyo objeto no era otro que obtener un enriquecimiento personal ilícito".

El ministerio público mantiene que estas personas ofrecían a los empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de obtener una mayor edificabilidad que la legalmente permitida en la norma de planeamiento municipal a cambio de una retribución económica.

Estos pagos están acreditados por anotaciones manuscritas y constan en archivos informáticos que fueron intervenidos en su día con motivo de las diligencias de entrada y registro que se llevaron a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía en el ámbito de este procedimiento judicial.

De acuerdo con las mencionadas anotaciones, en la Corporación municipal "incluso estaba tasado el precio a pagar por el incremento en los metros de edificabilidad y del número de viviendas respecto a lo legalmente establecido para esos parámetros".

De este modo, el metro cuadrado de techo de más se cifraba en la cantidad de 80 euros, mientras que a la vivienda proyectada en exceso se le aplicaba la suma de 6.000 euros.

De ahí se obtenía el lucro "que se aseguraban aquellos empresarios y promotores que se prestaban a efectuar dichos pagos a las autoridades municipales", según la Fiscalía.

Además, en su escrito indica que la trama descubierta estaba dirigida por el alcalde y el concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón y Gregorio Guerra, respectivamente.

El cometido del edil de Urbanismo era, según el ministerio público, controlar y contabilizar "adecuadamente" tanto los pagos efectuados como los que debían realizar los promotores y empresarios a cambio de las licencias de obras ilegales.

En cuanto al asesor jurídico de la oficina técnica del Ayuntamiento, Juan Burgos Gómez, el fiscal entiende que "pese a conocer que los proyectos de obras resultaban incompatibles con el planeamiento municipal" y que contaban con informes negativos del arquitecto municipal, informaba "siempre a favor" del otorgamiento de los permisos.

Para el alcalde, el fiscal pide que se le impute los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación urbanística, y para su mujer, el de blanqueo de capitales.

Respecto a ambos, el escrito de la Fiscalía señala que trataron de ocultar las "ilícitas ganancias" obtenidas por el alcalde, "producto de la actividad delictiva desplegada desde su cargo".

El informe alude a "numerosos ingresos" efectuados por el alcalde de Alhaurín el Grande en sus cuentas bancarias de procedencia desconocida por importe de más de 50.000 euros.

Además, en las cuentas de su esposa figuran en el año 2006 ingresos en efectivo por un importe superior a 30.000 euros, que se produjeron en "sólo seis operaciones".