Publicado: 12.02.2014 17:10 |Actualizado: 12.02.2014 17:10

La plantilla de Barcelona se querella con Panrico por insinuar que envenenan los productos

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La plantilla de Panrico en la fábrica de Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) tiene previsto presentar la semana que viene una querella criminal contra la empresa por un presunto delito de injurias con un agravante de publicidad por unas declaraciones publicadas por algunos medios en que fuentes de la compañía aseguraban no poder confiar en que los trabajadores no envenenasen los donuts que producían.

Así lo ha dicho este miércoles en rueda de prensa el abogado penalista Jaume Asens, que es el representante legal de los trabajadores en esta cuestión, y ha añadido que las declaraciones tienen "un plus de gravedad" al haber sido publicadas por los medios de comunicación.

"Las declaraciones proyectan una imagen de los trabajadores totalmente descalificadora y no están amparadas por la libertad de expresión porque tienen un contenido claramente injurioso que roza la calumnia", ha aseverado Asens, acompañado por algunos de los empleados de la planta de Santa Perpètua y del diputado de la CUP David Fernàndez.

Cinco Días recogió, en fuentes de la dirección, declaraciones que exponían: "Es difícil hacer planes de futuro para la planta y no caer en la cuenta de que con una plantilla tan salvajemente ideologizada, tan violenta, tan descerebrada, nadie nos va a garantizar que a alguno se le ocurra sabotear la producción y envenenar algunos de nuestros productos".

Asens ha afirmado que con estas declaraciones la empresa sostiene que los trabajadores serían capaces de envenenar productos y lanza "un mensaje de sospecha sobre la ética y la honorabilidad de los trabajadores", y por este motivo reclamarán daños y perjuicios en la querella criminal que se interpondrá la semana que viene y que estará firmada por un centenar de trabajadores.

Los empleados de la planta catalana llevan 122 días de huelga indefinida en señal de protesta por el plan de viabilidad presentado por la empresa y que en el caso de Santa Perpètua supone el despido de 215 empleados de una plantilla total de 345 y un recorte del 18%: "No estamos dispuestos a un nuevo recorte porque ya nos recortaron el sueldo un 25% en 2013", afirma el trabajador Antonio García.

García ha sostenido que la empresa se está enseñando con esta fábrica, la única que ha realizado la huelga indefinida, por el número de despidos que quiere ejecutar, y ha indicado que ya han sido despedidos 40 trabajadores, a los que se sumarán otros 150 antes de verano.

Este jueves se celebrará en los juzgados de Sabadell un juicio contra diez miembros del comité de huelga en el que la empresa solicita que la protesta se declare ilegal, y les reclama cinco millones de euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, aunque García se ha mostrado confiado en que la justicia les dará la razón: "La huelga es legal de todas".

La Inspección de Trabajo abrió en enero un expediente sancionador contra Panrico por considerar que había vulnerado el derecho de huelga de los trabajadores de Santa Perpètua después de que el comité reclamara su intervención por la llegada de camiones externos que traían productos de la marca Panrico pese a que la fábrica catalana, donde se producían estos artículos, ya estaba en huelga indefinida desde el 13 de octubre de 2013.

Fernàndez (CUP) ha criticado que el Govern "mira a otro lado y utiliza la dilación como estrategia", ya que, según ha dicho, se escuda en que Panrico todavía no ha sido sancionada porque la empresa ha presentado alegaciones que Inspección debe resolver todavía.

Asimismo, el 20 de marzo se celebrará otro juicio en la Audiencia Nacional en el que los trabajadores de Santa Perpètua impugnarán el acuerdo que Panrico alcanzó en noviembre en Madrid a nivel nacional sobre el plan de ajuste, que incluía el despido de hasta 745 personas de una plantilla de más de 2.000 y rebajas salariales del 18%, unas medidas con las que la compañía aparcó el concurso de acreedores.

García ha sostenido que este acuerdo "puede quedar tumbado" debido a que no respeta el convenio que estaba vigente, cree excesivos los despidos en Santa Perpètua y ha defendido que un acuerdo nacional debe responder a los intereses de todas las fábricas, y no sólo a los de algunas de ellas.

Los trabajadores de Panrico se han reunido con diversos grupos parlamentarios y han obtenido el apoyo de los tres diputados de la CUP y de 13 de ICV-EUiA, que han firmado una carta dirigida al conseller de Interior, Ramon Espadaler, en la que le piden que impida la distribución de productos de esta marca en Catalunya para que se respete el derecho a huelga.

La plantilla también ha enviado una carta al consejero delegado de Panrico, Carlos Gila, firmada por Carles Pellicer (CiU), Oriol Amorós (ERC), Alícia Romero (PSC), José Antonio Coto (PP), Marc Vidal (ICV-EUiA), Inés Arrimadas (C's) e Isabel Vallet (grupo mixto), en la que le piden una reunión ante la preocupación transmitida por los trabajadores.