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La Policía detiene a 17 implicados en una red de explotación de inmigrantes

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La Policía Nacional ha detenido a 17 personas implicadas en una red de explotación de trabajadores inmigrantes y falsificación de documentos relacionada con una empresa de construcción en Fuenlabrada.

El principal detenido en la operación, según han informado agentes de la Policía Nacional, es un empresario español, de origen paraguayo, acusado de falsificación de documentos, asociación ilícita y de un delito contra los derechos de los trabajadores.

La policía sospecha que este hombre obtuvo la nacionalidad, precisamente con documentos falsos en su país natal, en cuanto a su origen español.

Este hombre estaba al frente de una empresa de construcción, de la localidad de Fuenlabrada, y con la colaboración de un compatriota -su encargado- y de cinco individuos brasileños, tenía un negocio "redondo", es decir, utilizaba mano de obra ilegal, con bajo costo, y explotados gracias a la documentación falsa, por la que también les cobraban.

Las condiciones de trabajo eran especialmente duras y los salarios bajos, ha informado la Policía.

La mayoría de los trabajadores no estaban dados de alta en la Seguridad Social y estaban sin contrato de trabajo; eso sí, a todos les prometía legalizarlos, previo pago por parte de éstos de la documentación falsa que el empresario les facilitaba.

La operación ha sido realizada por el Grupo VII de la Brigada de Extranjería, a raíz de las investigaciones de la Seguridad Social de la Brigada de Delincuencia Fiscal y Económica de la Comisaría General de Policía Judicial.

Las investigaciones demostraron la existencia de una red de falsificación "a la carta", es decir, se confeccionaban las de identidad portuguesa, certificados de Número de Identidad de Extranjeros (NIE) españoles, así como diversa documentación para legalizar a ciudadanos, principalmente de origen paraguayo.

Los detenidos en Madrid son 17, el empresario y cabecilla en Madrid, Carlos Alejandro G.T., de 42 años, y su encargado, Pedro S.L., de 35, acusados de asociación ilícita, falsificación y contra los derechos de los trabajadores.

El resto lo son por falsificación y usurpación del estado civil, así como Ley de Extranjería.

Además, se han llevado a cabo cinco registros domiciliarios; en las localidades de Camarma de Esteruelas, Getafe y Parla.