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El PP se queja de que se difundan los delitos de sus dirigentes

Los conservadores llevarán a partir de ahora ante los tribunales las filtraciones que vinculan sus cargos públicos con el caso "Gürtel"

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El PP ha optado por el choque directo con las instituciones. Y cuanto mayor, mejor. Lejos de tratar de rebajar la tensión provocada por el comunicado en el que el domingo apuntaba a un plan del Gobierno para aniquilarles, los conservadores dieron ayer un salto hacia delante. Su intención de sepultar el caso bajo lo que consideran 'una campaña de ataque y desprestigio' pasó del ruido a los hechos.

Lo certificó su secretaria general en la rueda de prensa de los lunes en la sede de Génova. María Dolores de Cospedal anunció que el PP denunciará ante la Justicia 'la filtración de piezas policiales' sobre el caso Gürtel. A la estrategia se unirán el PP valenciano y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El fin de semana se hizo pública una grabación a uno de los cabecillas de la trama, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la que revelaba que la regidora era una de los destinatarios de sus regalos.

Tras el anuncio, nada de nada. La cortina de humo lanzada por el PP resultó impenetrable para los periodistas. Una y otra vez, las preguntas dirigidas a María Dolores de Cospedal sobre el contenido de las últimas filtraciones del caso se estrellaron contra los mismos argumentos. Una y otra vez, la número dos del partido de Rajoy respondió con evasivas. 'El PP está indefenso', zanjó.

Así, la secretaria general evitó valorar las consecuencias para su formación política de un caso que afecta ya al menos a 15 cargos electos del PP, entre ellos su tesorero nacional, Luis Bárcenas, y el presidente valenciano, Francisco Camps. 'El 90% de las informaciones que conocemos provienen de filtraciones', se excusó, para no darles crédito y evitar cualquier explicación sobre ellas.

Al contrario, y de acuerdo con su estrategia, en el PP creen que son los miembros del Gobierno quienes deben dar la cara. Ayer, su grupo parlamentario registró una petición de comparecencia urgente para que los ministros de Interior y Justicia, Alfredo PérezRubalcaba y Francisco Caamaño, respondan a la sospechas del PP. 'No se puede consentir que se usen los medios del Estado contra un partido político', dejó caer Cospedal.

Tampoco en este caso quiso concretar más su denuncia. Aunque el disgusto por la lluvia de preguntas sobre el caso Gürtel se le empezaba a reflejar en el gesto, Cospedal se mantuvo firme ante la avalancha. Así, se le preguntó si la supuesta campaña de desprestigio incluye a los 17 jueces que de forma unánime han fallado contra los planteamientos del PP. Cospedal se limitó a remitirse al comunicado del domingo. Éste citaba 'al Gobierno de la nación, y otras instituciones del Estado como la Fiscalía General', sin especificar más.

Ante una nueva pregunta sobre el mismo aspecto, Cospedal se negó a dar más detalles y señaló a 'todos aquellos' que a través de 'autorización' judicial han tenido acceso a la grabación de conversaciones y ahora las utilizan políticamente 'aunque no pertenezcan al sumario'. Sólo en un momento dado insinuó que pueden depender directamente del Ministerio de Interior o la Presidencia de Gobierno.

Los periodistas también se interesaron por las acusaciones lanzadas en el comunicado contra un 'determinado grupo de comunicación'. Aunque el texto señalaba implicitamente a Prisa como 'instrumento de difusión' de las campaña, Cospedal evitó poner nombre a sus acusaciones. Sí fue más explicita a la hora de justificar su reproche de 'actuar al margen de la libertad de expresión'. A su juicio, ésta 'debe ejercerse con respeto a los derechos de los demás', entre ellos el del honor y el secreto de las comunicaciones.

Tampoco hubo ninguna nueva información sobre la actitud que tomará el PP en el momento que el Tribunal Supremo solicite el suplicatorio contra el senador y tesorero del partido, Luis Bárcenas. Fuentes del PP aclararon que la declaración de mañana miércoles no cambiará nada. En el partido están tranquilos y son conscientes de que al ser voluntaria, no tiene por qué ir ligada a la formalización de la imputación del senador conservador.

Cospedal no desaprovechó la ocasión para volver a introducir de nuevo una acusación velada contra el Gobierno. 'Queremos que la Justicia actúe y lo haga rápido', explicó Cospedal, 'pero también contra quienes filtran información de forma interesada'.

En socorro de su secretaria general, acudió el portavoz en el Senado. Al mismo tiempo que Cospedal la esbozaba, Pío García Escudero trataba de apuntalar en Tenerife la estrategia del PP. A su juicio, se está sometiendo al partido a 'una auténtica persecución' con la 'clara intención' de 'dañar políticamente al PP' el año que empezaba a cosechar victorias electorales. Por supuesto, como en el caso de Cospedal, no entró en el contenido de las informaciones ni en la posible implicación de sus compañeros en la trama.