El PPC ha decidido finalmente llevar la ley de Presupuestos de la Generalitat y la ley de acompañamiento al Consell de Garanties Estatutàries por incluir una partida de 5,75 millones de euros para celebrar la consulta soberanista en 2014, lo que retrasará la aprobación de las cuentas al menos un mes y el debate para su aprobación definitiva hasta el pleno del miércoles.

Así lo ha confirmado el portavoz popular en el Parlament, Enric Millo, que ha explicado que dirigirá la tarde del martes a la Mesa del Parlament dicha solicitud de dictamen. En rueda de prensa, ha explicado que el PP entiende que ambos proyectos tienen aspectos que podrían 'vulnerar claramente' la Constitución Española y el Estatut, por lo que consideran necesario que el órgano consultivo de la Generalitat se pronuncie sobre ellos antes de que la Cámara los apruebe definitivamente.

Este lunes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, explicó que negociaba con el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro para decidir si impugnaba las cuentas de la Generalitat, aunque señaló que no lo haría si con ello podía poner en peligro el cumplimiento del objetivo de déficit a final de año.

'Estos presupuestos son una trampa. Ocultan un engaño flagrante', ha señalado Millo

La impugnación al Consejo de Garantías, ha añadido Millo, también se refiere a varios artículos de la ley de acompañamiento que hacen referencia a competencias para la Generalitat que, a su juicio, no están contempladas en el marco constitucional y estatutario, como en materia tributaria, así como a los 2.300 millones de euros de ingresos previstos que, para el PPC, 'no están justificados'.

'Estos presupuestos son una trampa, ocultan un engaño flagrante y pretenden dedicar recursos públicos a la financiación de un referéndum de autodeterminación ilegal. El PPC no va a permitir que esto suceda', ha señalado Millo en rueda de prensa.

Un anuncio que se produce horas después de que el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, afirmara que los Presupuestos son 'inmaculados' desde el punto de vista de la adecuación al Estatut y a la Constitución, y que su impugnación tendría consecuencias directas para los ciudadanos.

Como ejemplo, Homs señaló que una de las disposiciones de la ley de acompañamiento es que, en casos de familias con situación de vulnerabilidad acreditada por un informe, no se les corte el suministro eléctrico en pleno invierno.

'Es una manipulación barata y barriobajera, una aberración', ha insistido Millo

'Que no venga Homs ahora a hacer demagogia barata, de baja estopa, con mala fe, de muy corto vuelo. Es una manipulación barata y barriobajera, una aberración. Que no nos venga con preocupaciones sociales el que ha hecho los presupuestos más antisociales de su historia', ha insistido Millo.

En este sentido, ha instado al Govern a que, una vez el PPC pida el dictamen, impulse un decreto ley de prórroga de los Presupuestos, y aproveche esa misma reunión para 'aprobar un decreto ley en el que establezca la medida de la tarifa social eléctrica y cualquier otra que considere de urgencia'.

El portavoz ha explicado que la prórroga no perjudicará al cumplimiento del déficit, uno de los reparos que tenían los populares para tomar la decisión: 'Desde el punto de vista técnico está absolutamente resuelto, porque el Govern deberá aprobar un decreto ley de prórroga presupuestaria, reduciendo la masa de gastos a lo que es el objetivo de déficit máximo autorizado'.

Pero Millo ha sugerido otra 'solución', planteando a CiU que los populares podrían reconsiderar solicitar el dictamen si, hoy mismo, 'acepta o transacciona nuestra enmienda de supresión del artículo en el que se establecen los cinco millones. Aún está a tiempo -ha dicho-'.

El dirigente ha invitado al PSC y Ciutadans a unirse a la iniciativa: 'Por sus planteamientos sobre la Ley de Presupuestos han expresado su coincidencia. Sería positivo que cuente con el máximo apoyo posible', ha opinado.

Precisamente, minutos antes, el portavoz parlamentario de Ciutadans, Jordi Cañas, había considerado que 'recurrir al Consejo de Garantías Estatutarias es un instrumento legítimo para intentar evitar los abusos de un Govern que ha hecho de la chapuza legislativa una norma'.

Cañas ha instado a 'los grupos parlamentarios de la oposición a llevar al Consejo de Garantías Estatutarias los presupuestos más antisociales y las medidas fiscales más abusivas de la historia de Cataluña', que destinan 'una partida presupuestaria abierta a una consulta ilegal' que podría dedicarse a 'garantizar las becas comedor y la Prestación Económica de la Renta Mínima de Inserción'.

'Escuchar a Homs diciendo que si se retrasa la ley de medidas fiscales y presupuestos puede significar que las personas que están en riesgo de exclusión social es de un cinismo, de una demagogia y de una mala fe increíble', ha aseverado Cañas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha desvinculado de la decisión del PP catalán de elevar las cuentas de 2014 al Consell de Garanties Estatutàries. Después de que Camacho haya asegurado que su partido ha decidido recurrir las cuentas catalanas tras hablar con el Ministerio de Hacienda, Montoro ha defendido que a él no le corresponde valorar esta iniciativa, de tipo político.

'Quiero aprovechar para clarificar que desde el Gobierno de España no tenemos nada que decir respecto de la iniciativa de doña Alicia Sánchez-Camacho en el Parlamento de Catalunya', ha dejado claro Montoro a los medios de comunicación en los pasillos del Senado.

Así, el ministro ha explicado que la tarea del Gobierno central es garantizar que todas las comunidades cumplan con los objetivos de déficit establecidos, uno de los asuntos que se abordarán en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se reunirá este miércoles.

Y solo con ese objetivo, el Ministerio 'valora y analiza' los presupuestos que elabora cada parlamento autonómico y su adecuación a los planes económicos y financieros presentados para corregir sus desviaciones de déficit público.

Por eso, ha insistido en que no le corresponde valorar la iniciativa del PP catalán, que tiene 'capacidad de hacerlo en su propio Parlamento ante los órganos respectivos', y se ha limitado a mostrar 'respeto' a la decisión.