La presidenta argentina, Cristina Fernández, defendió hoy a su esposo y antecesor en el cargo, Néstor Kirchner, y negó cualquier tinte especulativo en la compra de dos millones de dólares en 2008.

"No fue una operación de especulación, fue una operación de compra de dólares para adquirir un bien, que puede ser un hotel o un departamento de un ambiente", dijo Fernández durante una rueda de prensa anunciada con una antelación de apenas unos minutos.

Según la presidenta, el mayor problema de su esposo es que vive "en blanco" en Argentina.

"Si le hubieran encontrado alguna cuenta a Kirchner en las Islas Caimán... pero todo lo que dicen está en su declaración jurada. Estoy convencida de que si se testearan las declaraciones juradas de numerosos dirigentes políticos y no políticos, mediáticos, periodistas, no podrían ser consistentes entre lo que declaran y lo que tienen", afirmó.

"El drama de Kirchner es que vive en blanco en una Argentina acostumbrada a vivir en negro. Es un problema vivir en blanco en la Argentina", agregó la presidenta.

Kirchner reconoció el martes la compra de dos millones de dólares en octubre de 2008 -en plena tormenta financiera internacional- para la adquisición de un paquete de acciones en un hotel de lujo en Calafate (Patagonia, sur del país).

El ex presidente (2003-2007) afirmó que "no existió posibilidad de beneficio cambiario, ya que el pago realizado fue en la misma moneda por la cual se efectuaron dichas adquisiciones de divisas".

Dirigentes de la opositora Coalición Cívica presentaron hoy una denuncia para que la justicia investigue un supuesto delito de enriquecimiento ilícito de la pareja presidencial.

El objetivo de fondo de la Coalición Cívica es que esta nueva denuncia penal sirva para que la Justicia vuelva a investigar el crecimiento de la fortuna personal de los Kirchner, debido a que la compra de dólares ocurrió justamente en el año en que su patrimonio aumentó el 158 por ciento.

Este crecimiento patrimonial derivó en una causa que el juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó el 29 de diciembre pasado, después de recibir los resultados de unas pericias efectuadas por expertos de la Corte Suprema.

Además, el matrimonio presidencial tiene otra causa pendiente en El Calafate por supuestos ilícitos inmobiliarios en la que actúa como fiscal una de las sobrinas de la pareja.