La crisis económica sigue siendo la prioridad de prioridades para el Gobierno, cuya fortaleza parlamentaria volverá a ser sometida a prueba con la discusión de los Presupuestos para 2010, el marco legal en el que se planteará una reforma fiscal cuyo alcance y orientación dependerá en cierta medida de los socios elegidos, pero cuya directriz básica es que no penalice a las rentas de trabajo.

Los Ayuntamientos recibirán una nueva inyección de 5.000 millones

El PSOE se ha asegurado un apoyo prácticamente estable de los dos diputados de Coalición Canaria y del representante de UPN, lo que lo sitúa a cuatro votos de la mayoría absoluta, aunque para que el proyecto presupuestario prospere le basta con conseguir un voto más que sus opositores el PP y CiU presentarán enmiendas de totalidad.

El apoyo de ERC e ICV cuatro votos, que parecía obligado después del acuerdo sobre la financiación autonómica, vuelve a estar en cuarentena por las tensiones que genera la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Catalunya. Como elemento de presión, el Gobierno hará coincidir la tramitación parlamentaria de los Presupuestos con la de la reforma de la Lofca que exige el acuerdo de financiación.

El PSOE maneja, no obstante, otras dos alianzas alternativas, aunque su aspiración última es que sean complementarias y las cuentas del Estado tengan un apoyo que supere el listón de los 180 votos. Los indicios de un cambio de actitud en el PNV seis votos, que ha emitido señales de su disposición a negociar los Presupuestos tras una fase de airado despecho por su desalojo del Gobierno vasco, alimentan esa expectativa. Además, la decisión de los cinco diputados de IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai de sin renunciar a su identidad como partidos diferentes negociar conjuntamente con el Gobierno, sobre la base de sus coincidencias en política fiscal y gasto social, configura otro posible polo de apoyo.

La ley de economía sostenible reabrirá la posibilidad de acuerdos con CEOE

El debate presupuestario estará precedido por la comparecencia que el presidente protagonizará el día 9 ante el Pleno del Congreso, en la que avanzará las líneas maestras del proyecto de ley de economía sostenible, que el Gobierno ha diseñado como paraguas legal para impulsar un cambio del modelo de crecimiento.

Esta norma será aprovechada por el Ejecutivo para intentar recuperar el diálogo con los empresarios, que se da por inviable en el sentido que se había planteado inicialmente, y dará cobijo a medidas como un nuevo fondo de 5.000 millones de euros para financiar proyectos municipales ligados a la economía verde. El Gobierno quiere involucrar también en el acuerdo a las comunidades autónomas, que serán convocadas a una Conferencia de Presidentes sobre los contenidos de la ley.

Además, debe concluir la tramitación de reformas en curso como las que afectan al sector eléctrico, el comercio minorista y la liberalización de los servicios.