La primera reunión de la ponencia del Congreso encargada de negociar las enmiendas a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha ha concluido hoy sin visos de un futuro acuerdo, hasta el punto de que el portavoz socialista, Ramón Jáuregui, ha dicho públicamente que el texto "está bloqueado".

Arturo García-Tizón, del PP, ha admitido que el agua es el único aspecto que les separa, y aunque no ha dado por imposible el acuerdo, ha dejado claro que su grupo no acepta la solución del PSOE para adecuar a la Constitución la cuestión hídrica recogida en la reforma aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha.

Opina que se trata de un "brindis al sol" sin eficacia normativa.

Un cuarto de hora después de que se constituyera la ponencia ante la Comisión Constitucional, donde los grupos socialista y popular se pidieron mutuamente flexibilidad para culminar el nuevo estatuto, los ponentes salieron de su primera reunión sin pactar siquiera un calendario de contactos para negociar las enmiendas.

Sí acordaron reunirse nuevamente el 1 de abril, una fecha que el portavoz socialista teme que únicamente sirva para "levantar acta del bloqueo".

Jáuregui ha explicado que las enmiendas socialistas al texto configuran la "rebaja máxima" sobre el Estatuto original y el límite de cambios aceptable por las Cortes castellano-manchegas, sobre todo en lo que se refiere a la determinación de la caducidad del trasvase Tajo-Segura, que proponen suavizar llevándolo a su preámbulo.

Tanto el PSOE como el PP están de acuerdo en que mantener la caducidad del trasvase en el articulado deja el Estatuto fuera de la Constitución porque toca una competencia exclusiva del Estado.

Los socialistas sospechan que el PP quiere sacar por completo de la reforma cualquier referencia a la política hídrica, a lo que el PSOE se opone en atención a las demandas del parlamento autonómico.

En cualquier caso, Jáuregui ha subrayado que los socialistas quieren el acuerdo y no lo sacarán adelante sin el PP.

"No queremos hacer este Estatuto con otras fuerzas políticas; o lo hacemos con el PP o no lo hacemos", ha proclamado.

García-Tizón opina, por el contrario, que llevar la cuestión del trasvase al preámbulo -como en su día se hizo con el concepto "nación" en el Estatuto de Cataluña- no es más que un "brindis al sol" totalmente ineficaz y supone casi tanto como llamar "tontos" a los ciudadanos de esta Comunidad Autónoma.

Su argumento es que esta posición no resuelve sus problemas reales, cuando tal debe ser el objeto del nuevo Estatuto, y además enfrenta unas regiones con otras por los recursos hídricos.

Sí están dispuestos los "populares" a flexibilizar sus planteamientos en aspectos como la creación de una reserva en la cuenca del Tajo o la participación de la comunidad autónoma en las decisiones que afecten a sus aguas adoptadas por el Gobierno.

El PP atribuye todo el problema a la derogación por parte del Gobierno socialista del Plan Hidrológico Nacional (PHN) del PP, que a su entender habría solucionado la falta de agua en toda España.

Por ello apuesta, en palabras de García-Tizón, por dar paso a "situaciones reales" con otras aportaciones de agua "intracomunitarias" que provoquen de facto la extinción del trasvase.

El enfrentamiento entre socialistas y populares ha llegado hoy incluso a personalizarse con nombres y apellidos.

Si el ponente socialista Alejandro Alonso ha lamentado la "nula intervención" para facilitar un acuerdo de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y máxima dirigente del partido en Castilla-La Mancha, García-Tizón ha recordado que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es diputada por Valencia.