Publicado: 25.09.2013 07:42 |Actualizado: 25.09.2013 07:42

El rescate de las autopistas de Aznar, Aguirre y Cascos costará 6.000 millones a los contribuyentes

Una empresa pública asumirá las deudas de las concesionarias, cuyos principales acreedores son las constructoras y la gran banca.

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El gran fiasco de las autopistas de peaje puestas en funcionamiento durante la segunda legislatura de José María Aznar puede acabar costando a los contribuyentes españoles cerca de seis mil millones de euros o, lo que es lo mismo, un billón de las antiguas pesetas. La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que no se gastará dinero público en el rescate de las concesionarias que están al borde de la quiebra; pero fuentes del sector consideran que se trata de un propósito sustentado en el más puro voluntarismo.

A día de hoy, esas empresas tienen créditos pendientes de pago por un importe superior a los 3.800 millones de euros, a los que hay que sumar otros 500 millones adeudados directamente a las constructoras y el sobrecoste de las expropiaciones sobre las que aún no se han pronunciado los tribunales. Además, José Luis Rodríguez Zapatero les proporcionó ayudas valoradas en 480 millones, que sólo sirvieron para prolongar la agonía de un proyecto deficientemente planificado y que lleva años abocado a la quiebra, según las fuentes consultadas.

El desarrollo de las autopistas de peaje ahora en tela de juicio fue concebido por Rafael Arias Salgado, aunque el impulso definitivo se lo daría su sucesor en la cartera de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, que llegó al cargo en 2000, después de haber sido vicepresidente del Gobierno. Sus obras estrella fueron las radiales de Madrid, presentadas a bombo y platillo como ejemplo de la colaboración público-privada en materia de infraestructuras, y uno de cuyos objetivos era, en realidad, construir la M-50 a coste cero para el Estado.

Esperanza Aguirre, entonces presidenta de la Comunidad, estaba empeñada en que se hiciera ese nuevo anillo de circunvalación, a pesar de las dificultades orográficas del trazado, que exigían una inversión desproporcionada incluso para aquella época de bonanza económica. La solución se la dio hecha Álvarez Cascos, en quien encontró un perfecto aliado: serían las propias concesionarias de las radiales las que sufragarían la M-50, como contraprestación por el derecho a explotar esas autovías, y así se matarían dos pajaros de un tiro.

Fueron animados a participar en el proceso los grandes contratistas del Estado, que en buena parte accedieron sin demasiado entusiasmo, recelosos de los optimistas cálculos realizados por el Gobierno sobre las posibilidades de recuperar la inversión. El mayor protagonismo lo asumieron las constructoras (ACS, Ferrovial, Acciona, Sacyr), que disponían de recursos en abundancia gracias a los réditos del boom inmobiliario, y la mayoría de las entidades financieras (Santander, Bankia, la Caixa, Sabadell).

No pasaron muchos años hasta que el castillo de naipes de aquellas autopistas de peaje se vino a bajo, incapaz de resisir el temporal de la crisis, que podría haberse capeado algo mejor si la planificación hubiera sido más rigurosa, según opinión generalizada entre los expertos. Las obras costaron 400 millones de euros más de lo previsto; las expropiaciones van ya por los 2.300 millones, en vez de los 400 que se habían estimado, y el volumen de tráfico está un 30% por debajo de lo que decían las proyecciones oficiales.

Como consecuencia de ello, a las concesionarias empezó a llegarles el agua al cuello  y reclamaron que se desplegara la red de seguridad prevista en el ordenamiento legal para este tipo de casos. En concreto, el otorgamiento de créditos participativos, que no confieren al Estado derechos políticos en las empresas, y la activación de las cuentas de compensación, que obligan a indemnizar a los titulares de una concesión cuando se quedan por debajo del 80% las previsiones sobre las que ésta se asienta.

Sin embargo, la suerte de las radiales de Madrid estaba echada, junto con la de otras cinco de la red de carreteras del Estado, también de peaje: las que unen Madrid con el aeropuerto de Barajas y con Toledo, Ocaña con La Roda, Cartagena con Vera y la circunvalación de Alicante. O sea, nueve de las veintidós autopistas de pago que son explotadas en régimen de concesión a lo largo de toda España.

Para garantizar su continuidad, Fomento está negociando una solución con las constructoras, representadas ante el Ministerio por la patronal Seopán, aunque todo parece indicar que la fórmula elegida será el traspaso de los activos y pasivos a una rediviva Empresa Nacional de Autopistas. En lo que ambas partes se encuentran muy distantes es en la valoración de las infraestructuras y, por lo tanto, en el porcentaje del accionariado de la nueva sociedad que finalmente se adjudicará cada una de ellas.

Fomento no quiere ceder más del 20% del capital, alegando que el patromonio neto de las concesionarias ronda los 120 millones de euros, mientras que Seopán reclama un 49%, porque, en su opinión, las autopistas valen 2.600 millones, que estarían dispuestas a rebajar a la mitad mediante una fuerte quita.

Otro punto de discordia es cuándo cobrarían las constructoras los 500 millones de euros que se les deben, no en tanto que concesionarias, sino por las obras realizadas. Fomento pretende que empiecen a recuperar el dinero dentro de treinta años, cuando se hayan terminado de devolver los 4.900 millones que necesita pedir a la banca para cubrir los agujeros, más sus correspondientes intereses. Seopán, por su parte, no está dispuesta a otorgar más de seis años de carencia y se agarra como a un clavo ardiendo a que el Estado es el garante patrimonial de la inversión y no puede dejar de pagarla.