Con la excusa de la lucha antiterrorista, el Gobierno de Arabia Saudí viola de manera constante los derechos humanos y aprovecha para reprimir cualquier intento de disidencia interna, ante la indiferencia de la comunidad internacional.

Así lo denunció ayer Amnistía Internacional (AI), que difundió en su sede en Londres un informe demoledor de 65 páginas en el que revela los abusos cometidos 'de forma sistemática' por el régimen del rey Abdalá.

'Millares de personas han sido detenidas y recluidas prácticamente en secreto, y otras han muerto en circunstancias inciertas. Centenares más se enfrentan a juicios sumarios y secretos, y quizá a ejecución. Según informes, muchas han sido torturadas para obligarlas a confesar o como castigo después de haber sido condenadas', acusó AI.

El pasado 8 de julio, el Ministerio de Justicia anunció que 330 personas habían sido juzgadas por delitos de terrorismo y recibido condenas que oscilaban entre multas y la pena de muerte. Según Amnistía, no se proporcionaron los nombres de las personas en cuestión ni información relacionada con los cargos formulados, manteniendo el secreto del proceso judicial.

'El Gobierno saudí ha utilizado su poderosa influencia internacional para aplicarlas sin problema, y la comunidad internacional no le ha pedido cuentas por estas graves violaciones de derechos humanos', dijo el director de AI en Oriente Medio y el norte de África, Malcolm Smart.

AI destaca que, en muchas ocasiones, las detenciones no responden a criterios de seguridad nacional, sino que su objetivo es contener a la oposición, y apunta que muchos de los presos son conocidos militantes de los grupos contrarios a la alianza de Arabia Saudí con el mundo occidental.

Smart agregó que las personas arrestadas 'no tienen ni idea de que será de ellas'. 'Esta situación tiene un efecto devastador en la persona detenida y en su familia', agregó.

Entre las torturas más comunes, AI destaca que los detenidos son golpeados con palos, suspendidos boca abajo desde el techo, reciben descargas eléctricas o se les priva del sueño. También reciben puñetazos y palizas. Las penas a las que los detenidos pueden ser condenados incluyen penas de flagelación que pueden ser de miles de latigazos.

Los arrestos arbitrarios, las torturas y las detenciones sin derecho a un proceso justo eran ya un problema antes de 2001, aunque su intensidad se ha aumentado a raíz del endurecimiento de las medidas antiterroristas adoptadas por Arabia Saudí después de los atentados del 11-S.

Las detenciones arbitrarias, dice AI, han pasado de centenares a miles desde 2001, y entre ellas hay tanto ciudadanos saudíes como extranjeros.

En julio de 2007, el ministro del Interior informó de que entre 2003 y 2007 habían sido detenidas por motivos de seguridad 9.000 personas, 3.106 de las cuales seguían privadas de libertad.

Otras han sido sometidas a un programa oficial de 'reeducación'.

Los juicios de personas detenidas por motivos políticos o de seguridad se llevan a cabo con sumo secreto y sin respetar las normas internacionales de justicia procesal. En muchos casos, ni los acusados ni sus familias son informados de la marcha de los procedimientos judiciales entablados contra ellos.

El pasado marzo, el Gobierno anunció el inicio ante un tribunal penal especial de los juicios de 991 personas acusadas de delitos penados con la muerte. La decisión de procesarles fuera de los cauces normales de la Justicia confirma, según AI, la falta de protección de las libertades en Arabia Saudí.