Ayer se cerró el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia de la CEOE, y uno de los aspirantes aparece como ganador en las elecciones que se celebrarán el día 21: Joan Rosell, presidente de la patronal catalana Foment del Treball. Es el que más respaldos viene cosechando en los últimos días de los tres aspirantes que han presentado los avales suficientes (20 vocales de cuatro organizaciones empresariales diferentes): el propio Rosell, el presidente de la andaluza CEA, Santiago Herrero, y el de la tecnológica Ametic, Jesús Banegas.

El dirigente empresarial catalán recibió ayer uno de los apoyos más destacados, el del presidente de la patronal madrileña CEIM, Arturo Fernández. Fuentes de CEIM señalaron que Rosell y Fernández se reunieron ayer y alcanzaron 'un acuerdo para la gobernabilidad de la CEOE', cuyo contenido se explicará el día 28, una semana después de las elecciones. Además, Rosell recibió el respaldo de la patronal valenciana Cierval y de la asociación de fabricantes de automóviles Anfac.

Por su parte, Santiago Herrero y Jesús Banegas mantienen conversaciones para unificar sus candidaturas. Aunque Rosell dio ayer a entender que no eran rivales en vista de los apoyos que él está recibiendo, fuentes cercanas a Banegas se mostraban tranquilas ayer asegurando que 'todavía hay partido'.

El presidente de Foment aprovechó ayer un encuentro organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica para exponer algunas de las puntas de lanza que esgrimirá frente a Gobierno y sindicatos si gana en las elecciones de la patronal. 'Las reformas nos las piden desde fuera (del país) pero aquí tenemos que estar convencidos de que las debemos hacer. Nos estamos jugando el futuro', dijo. Algunas de las reformas pendientes, a su juicio, no son sino una revisión de las ya acometidas y que mayor conflictividad han provocado, como es el caso de la reforma laboral. 'Debemos volver a sentarnos a la mesa a dialogar para ver qué posibilidad tenemos de hacer cambios en la reforma laboral', explicó Rosell.

La idea coincide en principio con las intenciones de los sindicatos de mantener movilizaciones hasta que se revise el texto legal, aunque sus posturas son tan antagónicas como cabría esperar. A Rosell, por ejemplo, no le parece 'que sea correcta una indemnización por despido de 1.890 días como la que hay en España (con los contratos indefinidos) y otra que sea cero (como ocurre con los temporales). Tenemos que ir a una fórmula intermedia, que no sea ni cero ni el máximo actual', comentó. Otro de los aspectos a cambiar de la normativa sobre el mercado de trabajo que pide Rosell tiene que ver con 'la flexibilización interna de las empresas, para lograr movilidad geográfica, negociación de los convenios y lucha contra el absentismo...'.