Publicado: 06.11.2013 07:38 |Actualizado: 06.11.2013 07:38

RTVV: fin a una televisión pública desnaturalizada

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La noticia abría las ediciones digitales de toda la prensa autonómica y estatal, pero en Nou —nombre actual de la antigua Canal 9— los espectadores sólo podían optar entre los tiros de Brigada de mujeres, el western de saldo programado como cada tarde en el primer canal, o por unos informativos en el segundo canal —el dedicado a dar información las 24 horas del día— cuyos realizadores optaban por no darla. Cuando el gobierno valenciano anunciaba el cierre de la radiotelevisión pública, su audiencia era la última en enterarse.

No era la primera vez. Sólo un par de años antes RTVV —pese a disponer de más medios y personal que cualquier otro medio en el territorio y tener sus responsables hilo directo con el protagonista de la noticia— también fue el último medio en informar de la dimisión de Francisco Camps. Para entonces, su prestigio y credibilidad, así como el grueso de su audiencia, ya se habían volatilizado.

Mucho había llovido desde que el 4 de julio de 1984 Las Cortes valencianas, presididas por el socialista Joan Lerma, aprobaran la Ley de Creación de la Radiotelevisió Valenciana, con la intención explícita de "profundizar" en el autogobierno autonómico y posibilitar la "antigua y renovada aspiración del Pueblo Valenciano" de expresarse y comunicarse en su propia lengua "para lo cual los medios de comunicación de carácter público constituyen el soporte idóneo".

No sería hasta un lustro después cuando, el 9 de octubre de 1989, con la emisión de La Vaquilla de Luis García Berlanga como plato fuerte de la noche inaugural, se iniciaban oficialmente  las emisiones inaugurales en Canal 9 y Ràdio 9, por entonces los dos canales de un ente integrado por menos de 500 trabajadores. Cómo RTVV pasó de tener ese número de empleados a casi cuadruplicar la cantidad, al tiempo que su deuda se elevaba a casi 1.400 millones de euros a la misma velocidad en que se esfumaba su audiencia, es una historia que admite muchos matices. Pero cronológicamente su inicio es indiscutible: la llegada del PP a la presidencia de la Generalitat Valenciana.

La "refundación" de Zaplana

Cuando en 1995 el murciano Eduardo Zaplana alcanzó la jefatura del Consell, después de seis años de andadura, la plantilla de RTVV (que había incrementado notablemente sus horas de emisión) había aumentado en 150 personas y la deuda del ente ascendía a 22 millones de euros. Sin embargo, "los cimientos de RTVV no eran estables". Así al menos lo recuerda Artur Balaguer, ex redactor de informativos del ente, en el que trabajaba desde su primera época.

"Cuando pudo, el PSPV no se atrevió a hacer la televisión que tocaba", opina Balaguer de una etapa en la que ni la implantación del valenciano en el ente fue rotunda ("la gente no estaba acostumbrada a escuchar valenciano normalizado y los doblajes de películas no fueron bien recibidos"), ni tampoco la vocación por ofrecer una producción  propia y de calidad, mientras en cambio programas como Carta blanca ponían el germen de lo que en adelante se conocería como "telebasura" ("se hizo una televisión comercial a más gloria de su presidente, Amadeu Fabregat, que luego se recolocaría en RTVE").

No obstante, el giro propagandístico no se produciría hasta casi dos años después. "La refundación de Canal 9 se da con la irrupción de Punt2, el segundo canal televisivo del ente" apunta con ironía Julià Álvaro, también redactor de informativos desde los inicios del ente, que recuerda cómo, "con la excusa de su estreno se contrataron a 53 nuevos redactores, pero todos ellos pasaron a la redacción principal, apartando a todos los que estaban antes". Álvaro, que hasta entonces había cubierto la información estatal, era relegado a la de deportes.

Un endeudamiento sin límite

"Así se entró en la etapa del PP, en la que RTVV se empezó a utilizar como un vehículo de propaganda de Zaplana, al tiempo que en una agencia de colocación para el partido y una manera de desviar dinero público a sus propios intereses", describe el periodista la etapa inicial de RTVV con Zaplana al frente de la Generalitat, que no cambió sustancialmente con el relevo del fugaz José Luis Olivas y Francisco Camps. Con esos mimbres ya nadie se la podía creer y la audiencia empezó a caer en picado, a pesar de que la televisión vendió su alma al diablo con la emisión de espacios como Tómbola o el judicialmente condenado El Juí d'Alcàsser,  en el que desde la televisión pública se cuestionaba la investigación oficial del terrible asesinato de tres jóvenes en Alcàsser en 1992.

Sin embargo, la calidad no era ya el único problema de RTVV. Porque, después de que con la toma de control del ente por parte del PP las pérdidas anuales —hasta entonces cubiertas parcialmente de manera directa por las arcas de la Generalitat— se incrementaran sustancialmente (de los 28 millones registrados los años 1996 y 1997, se pasó a los 47 de 1998), el gobierno de Eduardo Zaplana promulgó una ley para que el ente pudiera endeudarse de manera autónoma, ejerciendo la Generalitat exclusivamente como avalista. A partir de entonces, la deuda se disparó.

Los 25 millones de euros anuales en gastos de personal de 1995 ya se habían duplicado en el año 2000. A finales de la pasada década, con 1.800 empleados entre opositores y contratados, ya superaban los 80 millones. Sin embargo, el superávit de personal no se traducía en autosuficiencia: como recogen los informes anuales del síndico de cuentas valenciano, la contratación de producción externa también se había multiplicado: sólo en cinco años también la externalización había pasado de los 18 millones de euros de 1995 a los 43 de 2000, superando los 50 millones anuales los tres cursos comprendidos entre 2006 y 2008. Precisamente en los 57 gastados en 2006, se camuflaron los 7,4 millones pagados a una empresa de la trama Gürtel por la sonorización de la visita de Benedicto XVI a Valencia, y que constituyen una pieza del caso por el que varios directivos de RTVV están actualmente imputados.

Saco de gastos

Pero el dinero destinado a la trama Gürtel no fue el único que engordó artificialmente la deuda del ente. Como recientemente recordó el grupo parlamentario de Esquerra Unida en Les Corts, RTVV fue empleada por el Consell para "subvencionar de manera encubierta" a algunos clubs de fútbol valencianos, destinando 152 millones de euros al Villareal CF, 203 al Valencia CF y 27 al Levante UD por sus derechos de retransmisión, precios "por encima de mercado, como evidencia el hecho de que luego los revendieran muy por debajo de este importe", señaló el diputado Ignacio Blanco. Del mismo modo, el pago a Bernie Eccleston por la celebración de la Formula 1 en Valencia se incrementó con 22 millones en concepto de derechos de emisión "en lengua valenciana" del campeonato para las temporadas de 2010-2013. Finalmente, el locutor estrella de las retransmisiones fue el argentino Víctor Seara, que cobró más de 10.000 euros al mes por retransmitir las carreras de las temporadas 2010 y 2011; eso sí, en perfecto castellano.

"Perdido su sentido y en la medida que no existen motivos razonables para su existencia, es normal que se cierre RTVV. Ni el PP, ahora que no la ve nadie, la necesita", justifica Julià Álvaro el persianazo al ente anunciado ayer por la Generalitat, una vez que la gestión relatada condujo irremisiblemente a su ruina y el ERE de última hora, declarado finalmente nulo (lo que implicaría un nuevo desembolso en indemnizaciones no inferior a los 24 millones de euros), no podía posibilitar su reflote tras una lavada de cara basada casi exclusivamente en su cambio de nomenclatura.

¿Pero deberían estar contentos los valencianos por la pérdida? "No deberían estarlo —opina Álvaro—. Una comunidad con una identidad política y cultural propias a estas alturas de siglo necesita unos medios de comunicación que le informen desde su propia óptica y con información diferenciada. O tienes medios públicos, ejerciendo una verdadera función pública, que respondan a esa realidad social o estás condenado a estar secuestrado por medios extraños o que obedecen a intereses privados".

La opinión del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, era en cambio más sencilla: "RTVV es un lujo que los valencianos no nos podemos permitir". Ciscar ofrecía así la versión oficial del gobierno valenciano, en ausencia de declaración alguna del presidente Fabra, bajo cuyo mandato los valencianos ya pueden sumar, junto las de las dos grandes cajas valencianas CAM y Bancaja, y el Banco de Valencia, la pérdida de su radiotelevisión pública.