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La Seguridad Social destapó un fraude de 94 millones de euros en 2010

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La Seguridad Social destapó un fraude en 2010 por valor de 94 millones de euros y por delitos relacionados con incumplimiento de cotizaciones al sistema, ocultamiento de titularidad de empresas o por falsificación de documentos.

Según el balance de actuaciones de la Sección de Investigación de la Seguridad Social (SISS), el año pasado se realizaron 675 investigaciones que dieron lugar a la instrucción de 219 atestados y más de 740 informes de autoridades judiciales y entidades de la Seguridad Social.

Así, el fraude de 94 millones de euros se reveló tras investigar a 806 empresas y más de 2.600 personas físicas, y se saldó con 1.111 detenciones, de las que 485 fueron ciudadanos españoles y 626 extranjeros.

La SISS, dependiente de la Brigada de Delincuencia Económica de la Comisaría General de la Policía Judicial, calificó en una nota de prensa que el fraude que se ha evitado es muy elevado y podría alcanzar una cifra próxima a la mitad del desfalco investigado.

La mayor parte de las actuaciones realizadas en 2010 fueron delitos contra la Seguridad Social, por insolvencia punible, falsificación de documentos de cotización o por falsedades documentales en relación con altas y bajas de afiliaciones.

Los delitos contra el sistema de la Seguridad Social son cometidos por responsables de empresas que sistemáticamente incumplen la obligación de cotizar, tratan de ocultar la titularidad de las sociedades mercantiles o utilizan empresas interpuestas o testaferros para eludir los pagos al sistema.

Los cometidos por insolvencia punible son delitos de empresas por acumular deuda con la Seguridad Social o por cambiar denominaciones de empresas o realizar descapitalizaciones para que la entidad deudora quede en situación de insolvencia.

Asimismo, la SISS indica que en 2010 también se produjeron numerosos delitos por estafas llevadas a cabo por empresas ficticias, sin actividad real, que simulan mantener una relación laboral con trabajadores, a los que dan de alta en la Seguridad Social a cambio de cantidades de dinero, sin existir prestación de servicios.

De esta forma los supuestos trabajadores pueden acceder a prestaciones por desempleo o en el caso de extranjeros les permite regularizar su situación legal en España.