Publicado: 10.04.2014 11:04 |Actualizado: 10.04.2014 11:04

Seis miembros del personal médico, imputados por la muerte de Samba en el CIE de Aluche

Publicidad
Media: 0
Votos: 0
Comentarios:

Los tres médicos, dos enfermeras y la jefa de del servicio médico de la empresa que gestionaba la atención sanitaria en el CIE de Aluche, en Madrid, han sido imputados por la muerte de Samba Martine, tal y como recoge Cadena Ser. La joven congoleña falleció en 2011 tras numerosas quejas por el deterioro de su salud. Poco después de su muerte, la causa fue archivada hasta este mes de nero, cuando la Audiencia Provincial de Madrid ordenó la reapertura del caso estimando los recursos interpuestos por la familia de la fallecida y por las acusaciones populares ejercidas por SOS Racismo Madrid, Red de Apoyo Ferrocarril Clandestino y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Digno.

"La muerte de Samba se podría haber evitado, no sólo si los médicos y las enfermeras hubieran hecho mejor su trabajo, sobre todo si la organización del servicio médico del CIE hubiera estado mejor planificada. El Estado cuando priva de libertad a una persona es responsable de ella hasta las última consecuencias, si no está preparado para ello lo que se tiene que hacer es cerrar los CIE" ha recalcado, en declaraciones a la SER, Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid y colaboradora de la Acusación Popular compuesta entre otras organizaciones por Ferrocarril Clandestino, SOS Racismo o la asociación de letrados por un turno de oficio digno. convirtiéndose en una pesadilla.

Samba Martine llegó al CIE de Madrid el 12 de noviembre de 2011 procedente del Centro de Estancia Temporal (CETI) de Melilla, donde le habían realizado analítica de VIH que dio positivo. En los 38 días que permaneció encerrada en el CIE de Aluche, requirió asistencia médica al menos en diez ocasiones, sin que en ningún momento se le practicara prueba diagnóstica alguna tendente a averiguar su mal estado de salud, han señalado los recurrentes.

El juez considera que la investigación se archivó indebidamente, sin indagar los múltiples indicios de posible responsabilidad penal por parte del servicio médico del CIE.

El auto valora la existencia de testigos que atestiguarían que llevaba tres semanas enferma con importantes padecimientos. Además, la historia clínica manuscrita no coincide con el informe remitido por los servicios médicos, contradicciones que, según la Audiencia, "aparentemente tratan de ocultar el conocimiento por parte del personal médico de síntomas relevantes que debieran haber hecho pensar la existencia de padecimientos graves y no fueron tomados en consideración".