Los senadores franceses debaten hoy la ley que penaliza la negación del genocidio armenio de 1915 con un año de cárcel y 45.000 euros de multa en medio de las presiones de Turquía que amenaza con elevar la tensión diplomática e imponer sanciones comerciales.

La votación en la Cámara Alta, que previsiblemente adoptará la proposición de ley, se produce un mes después de que los diputados dieran luz verde al texto que equipara la consideración del genocidio armenio al holocausto nazi.

Los senadores han escuchado en los últimos días las advertencias de Ankara, que ya congeló las relaciones diplomáticas y militares con París después de que la Asamblea Nacional aprobara la ley el pasado 22 de diciembre.

En esta ocasión, las sanciones pueden ser de carácter económico y amenazan con privar a empresas francesas del acceso a contratos públicos en Turquía, donde, entre otros, el grupo nuclear Areva y el fabricante de aviones Airbus esperaban obtener ventas.

Francia es el segundo inversor en Turquía, donde están implantadas 400 empresas galas.

Los intercambios comerciales ascendieron en 2011 a los 12.000 millones de euros, más de la mitad de ellos de exportaciones francesas.

Las consecuencias son tan graves, que el presidente galo, Nicolas Sarkozy, escribió el pasado viernes al primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan, para pedirle mesura y para mantener el diálogo entre ambos países.

Un diálogo que se rompió a finales de año cuando Ankara llamó a consultas a su embajador en París y suspendió los contactos diplomáticos y militares, pese a que ambos países forman parte de la OTAN.

La medida afectó a las visitas bilaterales previstas y a los programas de cooperación europeos, como el de formación de gendarmes para la vigilancia de fronteras que agentes franceses iban a efectuar en Turquía.

También las relaciones culturales podrían verse afectadas, como pone de manifiesto la carta enviada por la Universidad Francófona de Galatasaray y su consejo de estudiantes a Sarkozy para que dé marcha atrás en esta medida.

La adopción de esta ley supone una nueva piedra en el zapato de las relaciones entre Francia y Turquía.

La tensión diplomática se disparó cuando en 2001 Francia reconoció el genocidio armenio, algo que hasta la fecha sólo han hecho 21 países.

En aquel momento se multiplicaron los llamamientos al boicot de productos franceses, pero el impacto fue más simbólico que real.

En 2007, la animadversión volvió a dispararse cuando Francia lideró la oposición al ingreso de Turquía en la Unión Europea.

Posteriormente, las autoridades galas han tratado de recobrar la calma, pero la ley sobre el genocidio puede echar por tierra los esfuerzos.

Según algunos historiadores entre medio millón y millón y medio de armenios perecieron en una campaña de exterminio organizada por el partido de los Jóvenes Turcos, embrión de la formación en la que se apoyó Mustafá Ataturk para fundar la actual Turquía.

Las autoridades turcas reconocen que hubo matanzas, pero las sitúan en el contexto de la Primera Guerra Mundial, reducen el número de víctimas al medio millón entre los dos bandos y no lo consideran genocidio porque no hubo un exterminio planificado desde el Estado.