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Los sindicatos mantienen la presión, Sarkozy no rectifica

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Los sindicatos franceses convocaron ayer otras dos jornadas de protesta contra el retraso de la edad de jubilación, el proyecto estrella del mandato de Nicolas Sarkozy, que no se amilana ante el recrudecimiento de la situación y asegura que seguirá adelante con su reforma.

Los dos bandos campan sobre sus posturas y no hay ningún signo de acercamiento, mientras el clima se deteriora con la multiplicación de actos violentos, y mientras el país afronta los problemas derivados de los prolongados paros en algunos sectores, como las refinerías o los transportes ferroviarios.

En ese ambiente, Sarkozy aseguró que impondrá la mano dura para que el país no se paralice y los sindicatos le respondieron con una doble convocatoria de huelga para los próximos 28 de octubre y 6 de noviembre a la que enseguida se sumaron las organizaciones estudiantiles.

Serán la undécima y la duodécima jornada de protesta contra el retraso de la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para cobrar el total de la pensión.

Llegarán nueve días después del último paro, que convocó a 3,5 millones de personas, según los sindicatos, y a algo más de un millón, según el Gobierno, cifras muy similares a las de anteriores jornadas.

La convocatoria del próximo jueves, que es un llamamiento al paro general, coincide con los días en los que diputados y senadores tienen previsto aprobar la versión definitiva del texto, que apoyado en la mayoría conservadora del partido de Sarkozy saldrá adelante con los puntos más polémicos.

La del 6 de noviembre, un sábado, es un nuevo llamamiento a salir a la calle en los días previos a la firma de la Ley por Sarkozy, lo que marcará su entrada en vigor.

Los sindicatos consideran que el movimiento gana fuerza día a día como muestran, según ellos, la importancia de las últimas manifestaciones y los sondeos publicados por ciertos medios, que reflejan un masivo rechazo a la medida entre los franceses.

Por eso afirman que la protesta seguirá independientemente de que el texto avance en su trámite parlamentario.

En las próximas horas se espera el voto definitivo en el Senado, después de que el Gobierno decidiera ayer acelerar el trámite.

Ese es el objetivo, reiterado ayer, del presidente Sarkozy, que parece ajeno al llamamiento de la calle y se fija sólo en los actos violentos.

Les advirtió de que no será condescendiente con ellos: "Serán arrestados, encontrados y castigados (...) En nuestra democracia hay muchas formas de expresarse, pero la violencia más cobarde, más gratuita, ésa no es aceptable".

En un populista acto celebrado en una pequeña población del centro del país también se refirió a los bloqueos de depósitos de carburantes que prolongan los problemas de abastecimiento.

"Nadie tiene derecho a tomar como rehén" a la economía de un país, aseguró el presidente ante una situación que el Gobierno parece tener problemas para atajar.

Los antidisturbios lograron abrir algunos de los depósitos de combustible que los sindicalistas mantenían bloqueados en los últimos días, lo que mejoró un poco la situación.

Si en los peores momentos de la crisis más de 4.000 gasolineras echaron el cerrojo, el Gobierno contabilizó hoy 2.790, mientras las doce refinerías siguen paralizadas.

Los industriales del sector afirmaron que harán falta varios días para recobrar la normalidad y la inquietud comienza a crecer entre los franceses que ven como peligran sus vacaciones del festivo 1 de noviembre, uno de los puentes más apreciados del país.

En el Ejecutivo preocupa que se repitan las imágenes de Marsella, la segunda ciudad del país, cuyo aeropuerto permaneció bloqueado durante horas y donde no se recoge la basura durante días.

Mientras llegan las nuevas jornadas de manifestación fueron los estudiantes los que mantuvieron ayer la presión con jornadas de protesta en numerosas ciudades.

Algunas de ellas terminaron con actos violentos, lo que llevó a la policía a realizar 266 detenciones, una cifra que eleva el número total de arrestos a 2.257 desde el pasado día 12.

Sarkozy también advirtió a los violentos de que "no tendrán la última palabra".