El Tribunal Supremo ha dado hoy carpetazo final a uno de los pleitos decisivos para el futuro del hotel de El Algarrobico (Almería), convertido en bandera de la lucha ecologista y ejemplo de la destrucción de la costa española.

Los jueces del Supremo han ratificado la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que en 2008 adoptó como medida cautelar la suspensión del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) en el área afectada.

Este litigio, uno más de la veintena de conflictos judiciales que ha arrastrado o aún tiene pendiente el complejo hotelero, se deriva de un recurso contencioso administrativo presentado por Greenpeace contra la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

En su recurso, Greenpeace solicitaba la suspensión cautelar del PORN en lo que afecta al sector del Algarrobico, calificado de "zona degradada" y que permitía "nuevas edificaciones y la rehabilitación de las existentes" para desarrollar actividades turísticas.

La Administración demandada se opuso a aplicar la medida cautelar por entender que los usos turísticos quedan excluidos, al contrario de lo que sostuvieron Greenpeace y, finalmente, el tribunal andaluz, obligando a mantener el grado de protección fijado en el anterior PORN, de 1994.

La sentencia hoy del Supremo, en opinión de Greenpeace, debe allanar el camino para proceder al derrumbe de la edificación.

El embrión de la azarosa historia del Algarrobico comienza en 1988, fecha en la que el Ayuntamiento de Carboneras declara urbanizables los terrenos donde se asienta el edificio, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a sólo 50 metros del mar, y concede la licencia de construcción a la promotora del hotel, en 2003.

La Ley de Costas prohíbe construir a menos de cien metros de la franja costera (la denominada servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre), un extremo ratificado por la Audiencia Nacional en varias ocasiones.

Dos años después, un juzgado de Almería dicta que la licencia es ilegal por ser zona protegida, no urbanizable, e invadir la servidumbre de protección.

En aquel entonces, la polémica instalación, de veinte plantas de altura y 411 habitaciones, ya estaba ejecutada en un 95%.

Los grupos ecologistas siempre han sostenido la ilegalidad del proyecto, porque el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 1994 definía la parcela del hotel como no urbanizable y no se respetaban los cien metros de protección del dominio público.

Desde 2005 y hasta hoy, especialmente en 2008, se han sucedido las resoluciones judiciales y las promesas electorales de derribar El Algarrobico, símbolo de insostenibilidad medioambiental.

A juicio de los conservacionistas, el Algarrobico es uno de los grandes escándalos urbanísticos del litoral, por "la connivencia" de los tres niveles de administraciones implicadas y la dejación de funciones de algunos de sus responsables.

En los últimos años, las protestas ecologistas se han sucedido; los últimos protagonistas, el pasado mes de septiembre, Ecologistas en Acción y Greenpeace, que, junto a Salvemos Mójacar, han retomado campañas contra del proyecto.

La primera anunció su intención de solicitar a un juzgado de Almería la ejecución provisional de la sentencia que declaró la ilegalidad de la licencia de construcción y así poder proceder a su derribo.

La segunda llevó a cabo un encierro en el propio hotel y entregó una carta respaldada por 27.000 firmas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para pedir la demolición del edificio.

El Gobierno central ha mantenido su postura de que solo puede actuar de conformidad a la ley y a las decisiones judiciales; y recientemente se ha ofrecido a contribuir económicamente a su derrumbe.

Argumenta que carece de herramientas con las que operar en este caso, ya que no es competente en las ordenación del territorio, ni en la protección de los espacios naturales ni en urbanismo.