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El Supremo avala el decreto del carbón que aprobó Zapatero

La norma incentivaba la quema de carbón nacional. La sentencia rechaza el recurso de la Xunta de Galicia, que alegaba la repercusión negativa en dos centrales térmicas que se nutrían de mineral no autóctono

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El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Xunta de Galicia contra el real decreto 1221/2010 de restricciones de garantía de suministro del anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en el que se incentiva la quema de carbón nacional.

Entre otros argumentos, la Xunta advertía de que el decreto, que fue objeto de una gran polémica, podría afectar desfavorablemente a dos centrales térmicas, la de Meirama y As Pontes, que se encuentran en Galicia y que generan electricidad a partir de carbón de importación.

También resultarían dañadas, advertía en su recurso, las instalaciones portuarias utilizadas para la descarga de carbón, con lo que se produciría una incidencia especialmente negativa para Galicia, donde habría una 'falta de rentabilidad de las inversiones realizadas' y 'consecuencias perniciosas para el empleo y para la generación de energía eléctrica procedente de su territorio'.

La Xunta citaba además en la demanda varias repercusiones negativas sobre el empleo, la producción y el mantenimiento de las centrales de generación, así como sobre la descarga y transporte de carbones o la descarga, almacenamiento y regasificación en Reganosa.

Tras estudiar el recurso, interpuesto en octubre de 2010, el Supremo da validez a la capacidad de este Gobierno autonómico para plantear una cuestión contraria a Derecho, si bien recuerda que las autoridades comunitarias rechazaron las denuncias en contra de esta norma.

'Los efectos potencialmente adversos para la competencia intracomunitaria y la libre circulación de mercancías no son negados por la Comisión, pero sí considerados como insuficientes para sobreponerse a las finalidades propias del régimen de ayudas autorizado', recuerda el Supremo en alusión al dictamen de Bruselas.

La Xunta también aludía a la 'pérdida de la competitividad', el incremento del precio de la electricidad y las distorsiones tanto en la formación de los precios en el mercado como los incentivos a la inversión relacionados con el decreto del carbón.