A nadie se le ocurriría pensar que países con un gran desarrollo por delante en infra-estructuras, como Uruguay, podrían tener algo que enseñar a España y a sus constructoras, que son las primeras empresas del mundo en este campo. Pero sí. Por ejemplo, cuál es la fórmula para seguir invirtiendo en carreteras, ferrocarriles o aeropuertos (un motor para crear empleo) teniendo cada vez menos dinero y, aquí está la clave: sin endeudar durante décadas a los futuros gobiernos hipotecando, así, el destino del dinero que pagan los ciudadanos en impuestos.

El nuevo Ejecutivo que salga del 20-N deberá replantearse el modelo de infraestructuras que quiere para el país después de una década de grandes inversiones, sobre todo en AVE, y con la obligación que impone Bruselas de austeridad en los presupuestos para cumplir con el déficit. La realidad es que, aunque este año Fomento invertirá más del doble que el año pasado (3.600 millones en todo 2010), las cifras quedarán lejos de los 9.000 millones de 2009. Y 2012 será peor, temen constructoras y expertos.

El futuro Gobierno deberá replantearse el modelo de infraestructuras

En este escenario, la tentación del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos (como el de Madrid) ha sido y es recurrir a los contratos con empresas privadas para lograr dinero para infraestructuras: es lo que se llama colaboración público-privada y se hace en forma de concesiones administrativas. Las constructoras adelantan el dinero a cambio de que el Gobierno de turno le pague a largo plazo, más de 20 años, y, en muchos casos, con un canon anual. El peligro es el citado: si no se ponen topes a los pagos anuales, las administraciones hipotecan dinero futuro para nuevas infraestructuras que serán necesarias a medio plazo.

España estaba en la vanguardia en concesiones de infraestructuras. Pero ha tenido fracasos, como las autopistas radiales de Madrid, al borde de la quiebra. Ahora, se está quedando atrás. La prueba es que países de Latinoamérica, como Uruguay o Colombia, han aprobado leyes para poner topes al dinero que cada año pueden destinar los gobiernos a pagar estos contratos con empresas privadas. En Uruguay, es el 0,5% del Producto Interior Bruto, como explica su ministro de Transporte, Enrique Pintado. Es una lección que España deberá apren-der, apuntan los expertos.

Estado y CCAA hipotecan dinero que necesitarían en obras futuras

'Hemos propuesto al Partido Popular cambiar el modelo y poner límites anuales', dice una gran empresa del sector. Las constructoras prefieren sacrificar contratos de hoy a cambio de la seguridad de saber que habrá dinero para más en el futuro y así poder plani-ficar sus ingresos. Pero el programa electoral del PP no habla de esta racionalización de la inversión. Tampoco el del PSOE. Lo que es seguro es que la época del dinero para hacer AVE para todos se acabó.