Publicado: 11.07.2014 20:30 |Actualizado: 11.07.2014 20:30

Wert continúa 'españolizando catalanes' por decreto

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El ministro que quería "españolizar catalanes" ha dado un paso más en su intención por conseguirlo. Y, aunque no pueda obligar a nadie a escolarizarse en escuelas donde la inmersión lingüística sea en castellano, sí exige a las Comunidades con lengua cooficial —principalmente Catalunya, donde esta cuestión ha levantado más ampollas, pero también Euskadi y Galicia— que paguen los colegios privados de quienes decidan ir a ellos, con un límite de hasta 6.057 euros anuales

Así ha quedado aprobado en el Real Decreto que desarrolla la disposición adicional 38ª de la Lomce (Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa), impulsado por el titular de Educación, José Ignacio Wert, y al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde este viernes. En el citado artículo de la ley se reconoce este derecho, que ya fue contestado en su día por los responsables del ramo de varias autonomías, sobre todo, por la consellera catalana Irene Rigau. Ahora también ha anunciado su intención de recurrir este decreto, aunque Wert mantiene su justificación apelando a su constitucionalidad.

Entre las medidas acordadas en el "Procedimiento para reconocer la compensación de costes de la garantía de enseñanzas en castellano y sus lenguas cooficiales" está la deducción o retención en el fondo de financiación autonómica de la parte correspondiente a los gastos de "matrícula, escolarización, transporte, comedor e incluso internado, si fuera necesario" de los alumnos que acudan a un centro privado. Es decir, será el Ministerio de Hacienda quien, a instancias del de Educación, quien obligará a las Comunidades a asumir dichos gastos, mientras que el departamento de Wert será el encargado de reintegrar los costes a las familias, mes a mes, hasta un límite de 6.057 euros al año (lo equivalente al coste medio de una plaza escolar pública no universitaria, según el ministro).

Esta circunstancia será "temporal y limitada", explicó Wert, ya que se extinguirá "cuando la Administración correspondiente tome medidas para garantizar los derechos lingüísticos individuales del alumnado" y tendrá lugar desde el momento en que el alumno beneficiario vea reconocida su situación hasta la finalización de la enseñanza obligatoria. 

Este nuevo decreto ha reabierto las heridas abiertas en el departamento de Educación catalán, donde en incontables ocasiones han protestado por el "ataque" de Wert a su sistema de inmersión lingüística. Desde que comenzó a tramitarse la Lomce, más conocida como ley Wert, los encontronazos entre Rigau y el ministro no han dejado de sucederse. Ahora, el consejero de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, ya ha avanzado que la Generalitat recurrirá esta regulación ante el Tribunal Constitucional porque es "absolutamente ilegal", informa Efe. En declaraciones a Catalunya Ràdio, ha denunciado que se trata de un "un abuso de poder" del Ejecutivo central para "confiscar la autonomía" y "plantar la semilla de la discordia y de la división" en Catalunya con una medida que cuestiona el sistema de inmersión lingüística y "multa al catalán". 

El ministro de Educación, por su parte, se ha defendido mostrándose convencido de que no se trata de "ningún abuso de poder" sino que el real decreto sigue, precisamente, "la doctrina constitucional". "La programación educativa es competencia de las administraciones educativas y el Constitucional exige que exista una oferta sostenida con fondos públicos que tenga el castellano como lengua vehicular", ha argumentado. Respecto al anunciado recurso de la norma, "el Gobierno está muy tranquilo", ha concluido Wert.


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