La Audiencia de Sevilla ha ordenado el encarcelamiento de un empresario para cumplir una condena de dos años de cárcel, pues aún no ha pagado los 252.789 euros que costaron los daños causados por el vertido de más de un millón de litros de excrementos de cerdos a arroyos de Carmona (Sevilla).

Fuentes judiciales han explicado a Efe que el empresario M.M.M., dueño de una granja de cerdos situada en la carretera Tocina-El Viso, en el término de Carmona (Sevilla), fue condenado en 2006 a dos años de cárcel por un delito continuado contra el medio ambiente, porque durante varios años estuvo vertiendo los purines (excrementos) de sus animales a cauces públicos.

Según la sentencia, el empresario daba órdenes a sus trabajadores, bajo amenaza de despido, de que en épocas de lluvias y en horario de madrugada pusieran en marcha los motores para verter directamente sus desechos al arroyo Almonazar.

Ahora, la Audiencia de Sevilla ha ordenado el encarcelamiento del empresario porque no ha cumplido una de las condiciones para concederle la suspensión condicional, que es haber pagado la responsabilidad civil derivada de su delito.

Según las periciales aportadas a la causa por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, la limpieza asciende a 140.837 euros para restauración de las aguas subterráneas y 111.952 euros por recuperación de los arroyos contaminados.

La sentencia, que se alcanzó por conformidad del acusado, consideró demostrado que la granja del acusado generaba unos 30.000 litros de residuos sólidos y líquidos (purines) al día, para cuyo almacenamiento construyó unas balsas "sin las más mínimas condiciones de impermeabilidad", por lo que también contaminaban el subsuelo.

El fallo, al que ha tenido acceso Efe, fijó el vertido en más de un millón de litros y calificó el daño "de especial gravedad" pues el arroyo Almonazar es "tributario del río Guadalquivir aguas arriba del embalse de Alcalá", presa que "es abastecedora de la población de Sevilla en circunstancias de emergencia".

Además, dicho arroyo "es plenamente urbano en su tramo final, término municipal de La Rinconada", por lo que la actividad del condenado entrañaba "riesgos sanitarios y de salubridad pública", según los jueces.

Fuentes del caso han explicado a Efe que la defensa del empresario ha intentado demorar el pago alegando que "no es posible la restauración del arroyo a su estado original", a lo que la Audiencia ha respondido que "obviamente, lo que se trata es de restaurar lo más posible, y eso es lo que propugna el informe" de valoración de los daños.

Lo que pretende la defensa "es lisa y llanamente no responder y que la contaminación salga gratis, desconociendo que en este tipo de actuaciones contaminantes la exacta cuantificación resulta imposible y han de utilizarse valores aproximados", según la Audiencia.

Por ello, los jueces han rechazado al condenado el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena y le han citado para su ingreso en prisión.