La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó el miércoles unas conclusiones que apuestan por una ley de plazos que permitiría la libre interrupción del embarazo en las primeras semanas de gestación, aunque no concretó un periodo.

Son las conclusiones de la subcomisión creada en septiembre para analizar la situación del aborto en España cuyo contenido no es vinculante pero será considerado por el Gobierno, que ya ha anunciado su intención de abordar una reforma.

La comisión propone "un modelo en el que corresponda a las mujeres embarazadas la decisión sobre la interrupción voluntaria del embarazo en un plazo determinado, sin supervisión de terceros, combinado con la previsión de varios supuestos o previsiones en los que la interrupción podría practicarse durante un periodo mayor al plazo general", dijo el texto.

De esta forma se mezclaría una ley de plazos, existente en otros países europeos con los actuales supuestos que recoge la norma actual, como los de malformaciones del feto, víctimas de violaciones y riesgo para la salud de la madre, que incluye riesgos psicológicos.

El texto respaldado por la comisión del Congreso incluye además derogar el delito de aborto, permitir a las mujeres decidir autónomamente a partir de los 16 años y que sean oídas cuando sean mayores de 12.

Las recomendaciones han contado con 20 votos a favor, los del PSOE y todos los partidos de izquierda del hemiciclo (ERC, IU, ICV, BNG y Nafarroa Bai), una abstención (PNV) y el rechazo de los cuatro parlamentarios del PP. CiU no ha acudido a la votación, según datos facilitados por el Congreso.

La diputada del PP Sandra Moneo dijo que su partido "defendía la vida" y que el Gobierno pretende convertir el aborto en un sistema de de planificación familiar.

El texto no concreta el periodo en el que el aborto sería legal y también recomienda aclarar el ejercicio de la objeción de conciencia.

"En ningún caso podrá ser invocada por centros sanitarios, y no debe erigirse en un obstáculo para el acceso de las mujeres a la IVE, correspondiendo a las autoridades sanitarias velar en todo momento por la efectividad de dicha prestación", dice.

La inmensa mayoría de los abortos que se realizan en España se practican en centros privados concertados, aunque los pague la sanidad pública.

Según datos hechos públicos recientemente, el número de abortos se ha duplicado en la última década. En 2007 se practicaron 112.000, mientras que en 1998, el total era de 53.000.