'El Parque Nacional Doñana es el único espacio protegido de Andalucía que está declarado Patrimonio de la Humanidad (1994, Unesco). Desde 1995 está reconocido, por el Consejo de Europa, con el Diploma Europeo de áreas protegidas, que viene dado por el estado de conservación, planificación y gestión integrada de los recursos naturales. Es Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y, en consecuencia, es Espacio Protegido Red Natura 2000. También recaen las figuras de Reserva de la Biosfera (1980) y Sitio RAMSAR (1982)'. Son todos los galones, recogidos en la página web de la Consejería andaluza de Medio Ambiente, que acumula Doñana, un espacio paradójicamente amenazado por golosas actividades empresariales que, en caso de aprobarse, harían de un símbolo virgen de la naturaleza, reconocido internacionalmente, una gigantesca sociedad mercantil.

El Gobierno de Zapatero deja en herencia tres grandes patatas calientes al nuevo Ejecutivo del PP: el oleoducto previsto por el grupo extremeño Alfonso Gallardo, el dragado del río Guadalquivir promovido por la Autoridad Portuaria de Sevilla y un almacén de gas en el subsuelo del parque proyectado por Petroleum & Oil Gas, de Gas Natural. Los tres promotores, que niegan el riesgo ambiental, esgrimen la creación de empleo. Y los tres están pendientes de la autorización del Gobierno central, más acosado que nunca por los millones de parados.

Ayer, el Consejo de Participación de Doñana, el órgano de coordinación y representación de los sectores sociales, políticos y económicos del parque, volvió a poner en evidencia la contradicción entre la protección que requiere y las actividades empresariales que lo amenazan, una paradoja que se repite incluso en la propia estructura del Consejo: Felipe González, el presidente del orgáno, es a su vez consejero independiente de Gas Natural. Los ecologistas han pedido su dimisión no por esta razón, sino porque no acude a las reuniones donde se debaten, además de asuntos cruciales para la sostenibilidad de Doñana, los temas espinosos, como ocurrió ayer.

El oleoducto recibió ayer un revés claro en el Consejo
de Participación

El último punto del orden del día abordó la Refinería Balboa, que incluye el oleoducto desde el puerto de Huelva a la comarca extremeña de Tierra de Barros. El Consejo aprobó, por primera vez con rotunda mayoría en una votación sobre este polémico proyecto que llegó a defender Zapatero, una moción de apoyo a los últimos informes de la Junta de Andalucía, cuyas conclusiones pueden resumirse en la inviabilidad: los potenciales efectos de un vertido, advierten, suponen unos riesgos muy serios tanto para los ecosistemas marinos de Doñana como para las economías que de ellos dependen.

Tras la votación -el representante del Ministerio de Medio Ambiente fue el único que no participó por considerar que la tramitación aún está abierta en su departamento- los grupos ecologistas instaron a la ministra en funciones Rosa Aguilar a emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa. Salvo sorpresa -tipo decisión indulto a banquero- fuentes del Ministerio explicaron que el expediente lleva su curso.

'El cerco cada vez es más estrecho. El señor Gallardo debe ir pensando en la reconversión de su proyecto en energía renovable', afirmó Juan Romero, de Ecologistas en Acción en Huelva, quien insiste en que la conservación de Doñana debe estar por encima de los 'intereses particulares de los empresarios'. El consejero andaluz de Medio Ambiente, Juan José Díaz Trillo, sostuvo que el parque 'está perfectamente defendido y en muy buenas manos con el Consejo y la Consejería', informa Efe.

Gas Natural pretende usar
el subsuelo como almacén

Otro proyecto bajo lupa, también recordado ayer en el Consejo de Participación -con la ausencia de González-, es el que promueve Gas Natural, que lleva desde hace años investigando y haciendo prospecciones en la zona, una actividad autorizada y compatible con el parque. Lo que pretende ahora la empresa es utilizar artificialmente los huecos vacíos del subsuelo para almacenar gas procedente de otros lugares y transportarlo mediante gasoductos, un proyecto ya autorizado por el Ministerio de Industria, mediante Real Decreto, pero pendiente también de la DIA.

¿Es compatible esta actividad en Doñana? Según un informe de la Consejería de Medio Ambiente, el proyecto tiene dudosa viabilidad jurídica en una zona en concreto, la denominada A, considerada como la de mayor vulnerabilidad según el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Doñana. Esta normativa fue aprobada en 2005, posterior a la concesión de los primeros permisos a la empresa, en los años 80.

Gas Natural alega que no incumple ninguna normativa porque no se trata de ninguna actividad nueva y se remite a Industria, que considera el proyecto como 'urgente'. Además, insiste en que el almacenamiento no supone ningún impacto ambiental negativo en la zona. 'Los estudios realizados demuestran que se protege el ecosistema', afirman fuentes de Gas Natural en Andalucía.

La opinión de los ecologistas es diametralmente opuesta. 'Es una locura. En lugar de hacer tanques en el puerto de Huelva, se pretende rellenar el subsuelo de un parque natural con gas de otros lugares. Estamos presumiendo de Doñana todo el rato y ahora pretendemos convertirla también en ¡un almacén de gas!', añade Juan Romero. El coordinador de WWF en Doñana, Juan José Carmona, apunta directamente a una cuestión meramente filosófica: 'Aparte de que hubiera unos permisos previos, la actividad estaba prevista como temporalmente limitada. Si se ejecuta el nuevo proyecto, cambiará todo y la empresa pasará de extraer gas a volver a recargar de forma artificial los huecos, es decir, convertirá la zona en almacén', explica Carmona. 'Lo que iba a ser temporal se convertirá ahora en permanente en la zona A', añade el ecologista.

El dragado del Guadalquivir también está
en cuarentena

El grupo Mesa de la Ría también viene denunciando desde hace tiempo los 'desmanes empresariales' en Doñana. '[El proyecto de Gas Natural] supone un desprecio absoluto a los riesgos medioambientales en un espacio con las máximas protecciones, en una zona caracterizada por una considerable actividad sísmica y un desprecio a quienes viven en las inmediaciones', asegura.

El tercer proyecto en cuarentena es el dragado del Guadalquivir, cuyas obras tendrían también un efecto negativo en el río, su estuario y Doñana, según las conclusiones de un informe de la Comisión Científica. Ese documento ha llevado recientemente al Ministerio de Medio Ambiente a pedir un nuevo proyecto que requerirá, por tanto, una nueva evaluación de impacto ambiental, ya bajo el Ejecutivo de Rajoy. La primera DIA, que arrojó dudas e hizo que la entonces ministra Cristina Narbona pidiera el informe, fue concedida en 2003 también con un Gobierno del PP.