Eran las 12.30 horas del pasado miércoles 30 de octubre cuando unos policías y técnicos de urbanismo irrumpieron en la sala Caracol de Madrid para clausurar el local, dos horas antes de que llegara Uli John Roth con su furgoneta para preparar la actuación de esa noche. Según la versión de la propia sala, la única de las dos partes que por el momento se ha pronunciado sobre el asunto, el cierre se ha producido sin previo aviso y con todos los papeles en regla. Pero aún más sorprendente resulta para los trabajadores del local el hecho de no haber recibido ninguna explicación del reciente cierre.

Para entender la situación en su contexto hay que remontarse a marzo de este año, cuando el ayuntamiento precintó el local de manera provisional por entender que la licencia que manejaba no era la correspondiente. Un hecho, que más allá de su precisión legal, sorprende teniendo en cuenta que se trata de uno de los recintos más conocidos del circuito madrileño, con 22 años de actividad.  El 22 de abril se levantaba el precinto, permitiendo a la sala funcionar con normalidad mientras se iniciabann los trámites correspondientes.

Según la sala, se presentó toda la documentación, con los consiguientes pagos, para la licencia recreativa de espectáculos, y hasta recibieron 'un certificado de conformidad de documentación completa presentada'. Con el certificado en la mano, la sala inició una serie de obras de reacondicionamiento para la nueva licencia: 'servicio de discapacitados, doble insonoración, acústica integral, cuarto de basuras, más amplitud en la salida de emergencia para mayor seguridad, etc'. Se reanudaron los conciertos con, según explican desde la Caracol, inspecciones casi a diario, a la espera de una licencia que finalmente nunca ha terminado por llegar. 'Hicimos las obras porque ya teníamos la conformidad. Es rarísimo'

'La nueva licencia se pidió, está tramitada y está dada por silencio administrativo, porque han pasado tres meses sin contestar. Tenemos el papel de conformidad y todo. No sabemos qué pasa', explica Tanya Vondee, de la oficina de la Caracol, a 'Público'. 'Hicimos las obras porque ya teníamos la conformidad. Es rarísimo, nos vinieron y cerraron sin darnos una explicación, sin previo aviso. Nos quedamos consternados porque no dabámos crédito', denuncia Vondee.  'El caso es que no nos han dicho nada, esto ha sido una salvajada. Nos están cerrando como si nos tratasen con la licencia antigua que teníamos, pero eso ya no cuenta, tenemos la nueva', apunta Vondee tratando de encontrar una explicación a la actuación por parte del ayuntamiento. 'O no se han puesto de acuerdo  o esto viene de algo personal, nos han estado intentando cerrar la sala desde el 2001', zanja.

'Esto se tiene que solucionar ya, la semana pasada teníamos siete eventos.  Todavía no nos habíamos recuperado de las pérdidas del cierre anterior, porque además nos cerraron en plena temporada, y ahora nos han venido a cerrar en plena temporada también'. Los gastos que pueden suponer el cierre de la sala, aún por considerar, se antojan muy elevados. En primer lugar supondría la pérdida de empleos, algunos de ellos con 15 años de antigüedad, de mucha gente que trabaja, directa o indirectamente para la sala. 'Entre oficina, sala, camareros, porteros, más la gente de autónoma como técnicos pues pueden ser alrededor de 50 personas. Sin contar que si cerramos no podemos pagar a promotores, proveedores de bebida, porque además es principio de mes, el alquiler de la sala', explica Vondee. 'Las pérdidas pueden ser muy elevadas porque tenemos programación cerrada hasta junio del año que viene. Esta sala funciona a tope. Estaríamos hablando de muchos ceros'. 'Las pérdidas pueden ser muy elevadas, estamos hablando de muchos ceros'


Según expertos técnicos del grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid estamos ante un caso 'singularísimo' ya que 'cuando una entidad certificante emite un certificado de conformidad en el 99% de los casos el Ayuntamiento hace bueno el informe de la entidad privada. La clave por tanto es saber qué ha podido pasar entre la emisión del certificado de conformidad y la clausura del local. Las fuentes técnicas explican que es posible, como hipótesis, que haya podido haber 'una demora por parte de la agencia para la gestión de la licencia en entregar el informe definitivo de la concesión'.

'Público' ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Madrid y con Maria Dolores Molera, gerente de la agencia para la gestión de licencias, sin obtener respuesta hasta el momento.