Que las cuentas de 2008 no iban a cuadrar, e iban a arrojar un déficit del Estado por encima del 3% que la UE impone como límite, era algo esperado. De hecho, Bruselas ya ha abierto expediente para multar a España por ello.

Más sorprendente ha sido, sin embargo, comprobar cómo la contabilidad nacional para el ejercicio pasado, revisada ahora por el Ministerio de Economía y Hacienda, muestra un descuadre aún mayor: 41.874 millones de euros. El 3,82% del PIB.

Eso supone que el Estado español se aleja aún más de los objetivos de convergencia fijados cuando se puso en marcha la Unión Económica y Monetaria europea.

Empeora, incluso, las previsiones del departamento, que había calculado que ese porcentaje estuviese en poco más del 3,4%, y cuyo máximo responsable expresaba con ironía cierta voluntad de abandonar el cargo ayer lunes.

En la presentación de las cuentas el secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha explicado que la profundización en el déficit ha sido consecuencia del incremento en los gastos en medidas anti-crisis, pero sobre todo por la menor recaudación.

Con menos gente trabajando, salarios inferiores y un consumo prácticamente estancado, las principales vías de entrada de dinero en la Administración se han retraído un 13,6%, y se espera que sigan así durante todo 2009.

Según ha explicado en rueda de prensa Ocaña, el Gobierno ha puesto 'todos los instrumentos a su alcance' para afrontar la crisis, lo que ha supuesto un esfuerzo fiscal 'sin precedentes que ha llevado a estas cifras'.

Ocaña ha asegurado además que, del total del déficit, 1,8 puntos se deben al esfuerzo fiscal hecho desde la Administración central para afrontar el deterioro de la economía.

También admitió que la reducción del saldo positivo de la Seguridad Social se debió al mayor gasto en prestaciones por desempleo, aunque recordó que este gasto se financia desde el Estado y no detrae del pago futuro de las pensiones.

Pese al deterioro de las cuentas públicas, Carlos Ocaña señaló que la situación se puede afrontar con 'cierta comodidad' debido a que el total de la deuda pública española se sitúa aún en el 39,4% del PIB, muy por debajo del resto de los países de la zona euro, con una media del 68,7%.