La Comisión Europea presentó una reforma de directiva encaminada a reducir la morosidad de las administraciones públicas y entre empresas. Con la revisión de la directiva, Bruselas propone que se marque un plazo fijo de treinta días para que las entidades públicas hagan frente a sus deudas. De lo contrario, la Comisión exige el pago de intereses, una compensación por los costes de cobro y otra estable de un 5% de la cantidad adeudada desde el primer día. Sin embargo, la revisión propuesta por Bruselas, que tendrá que ser adoptada por los 27, contempla una prórroga de los plazos si se presenta la justificación oportuna.

La propuesta está encaminada a proteger a pequeñas y medianas empresas, en ocasiones muy dependientes de las administraciones públicas, cuyo futuro se ve amenazado por los pagos tardíos.

'No debemos seguir tolerando la morosidad de las administraciones públicas', aseguró el comisario de Industria y Empresa, Günter Verheugen, quien ligó la propuesta al fuerte impacto de la crisis y la pérdida de puestos de trabajo. Según él, medidas como esta contribuyen 'a superar la crisis, evitar nuevas quiebras' y 'reforzar la competitividad a largo plazo de las empresas'.

Para la Comisión, el comportamiento de las administraciones 'hasta ahora no ha sido encomiable', por lo que ha decidido endurecer las normas, del año 2000, para proteger la viabilidad de las pymes, las más castigadas por la crisis y el paro. Las deudas entre empresas, sin embargo, seguirán gozando de una mayor flexibilidad en los pagos. Las empresas que no reciban los pagos previstos podrán reclamar intereses por demora y una compensación por costes de cobro.

En España, las pymes también están viéndose afectadas por la morosidad de las administraciones públicas, y en especial la de los ayuntamientos, que se han quedado sin una de sus principales vías de financiación, la venta de suelo, por el pinchazo inmobiliario.

Esta circunstancia, unida a la escasez de crédito, ha llevado al Gobierno a permitir, de forma excepcional, que las entidades locales, de forma excepcional, puedan cerrar sus cuentas de 2008 con un déficit del 0,3% del PIB, una décima más de lo aprobado a finales del año anterior. A ello se suma la línea de avales que abrirá el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para pymes y autónomos que sufran impagos por parte de algún ayuntamiento.

Por último, el Ministerio de Administraciones Públicas ha duplicado la aportación al Fondo Especial de financiación para los 3.069 ayuntamientos que tienen menos de 20.000 habitantes, hasta 60 millones de euros.

La Comisión Europea ha aprobado desde septiembre pasado más de 50 medidas nacionales para estabilizar el sistema financiero por un total de unos 3 billones de euros, según informó Bruselas. Las medidas se dividen en mecanismos de garantías a entidades financieras (2,3 billones), planes de recapitalización (300.000 millones) y medidas específicas de reestructuración (400.000 millones). Las ayudas públicas serán 'significativamente menores' en la realidad, ya que los fondos destinados a garantías constituyen normalmente una parte pequeña de la cantidad garantizada, precisó el Ejecutivo. Bruselas también ha aprobado desde diciembre 25 medidas de diez países de la Unión para ayudar a las empresas con problemas de acceso al crédito a mantener su actividad y los puestos de trabajo.