El 1 de enero de 2010, los anuncios desaparecerán de TVE. Y tras el silencio publicitario se desatará una guerra judicial que las compañías de telecomunicaciones piensan llevar hasta sus últimas consecuencias. La nueva ley de financiación de la televisión pública obliga a las telefónicas a aportar el 0,9% de sus ingresos anuales para cubrir los costes del ente estatal, tal y como se aprobó el pasado mes de junio. Desde entonces, las telecos han estado estudiando la hoja de ruta a seguir para luchar contra el nuevo gravamen. Cada una lo hará por su cuenta, pero a fecha de hoy, firmas como Vodafone lo tienen claro: el asunto terminará en manos de la Audiencia Nacional y probablemente de las autoridades de la UE.

De momento, a las empresas les toca esperar. La primera batalla sólo pueden librarla una vez que reciban la primera notificación de pago. Y eso ocurrirá en abril de 2010, cuando el organismo que se defina como competente, probablemente la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), les curse el primer pago a cuenta de la tasa, que se cobrará de forma trimestral y cuyo monto final se ajustará en el pago correspondiente al cuarto trimestre.

En abril de 2010, las empresas recibirán la primera petición de pago

Con la ley en la mano, comentan fuentes jurídicas de las compañías, lo más probable es que la CMT rechace el recurso de las operadoras, que en ese momento podrán acudir a los tribunales de lo Contencioso-Administrativo. Pero las compañías dan por perdida también esta segunda batalla y ya han previsto seguir la guerra en los tribunales superiores. 'Será en ese momento cuando se pueda plantear la constitucionalidad de la norma. Eso es algo que no podemos hacer directamente las compañías (acudir al Constitucional), pero sí solicitarlo ante la Audiencia Nacional', explican desde Vodafone. El conflicto, dada la experiencia en otros asuntos similares, podría durar años.

La financiación de TVE tras el apagón publicitario quedará limitada a 1.200 millones de euros hasta el año 2011, con un crecimiento máximo del 1% cada año entre 2012 y 2014. Las televisiones privadas en abierto aportarán el 3% de sus ingresos, y las de pago, el 1,5%.

El conflicto, dada la experiencia en casos similares, puede durar años

El argumento esgrimido desde el Gobierno para incluir a las compañías de telefonía es que estas ofrecen servicios audiovisuales. En el caso de Vodafone, sólo ofrece televisión a través del móvil, un servicio todavía en mantillas, aunque la compañía reconoció ayer que estudia dar servicio de televisión IP, es decir, a través de la red de telefonía fija, al igual que ya hacen Telefónica (con Imagenio), Ono,Jazztel y Orange.

Sin embargo, a algunos ministros, como la de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, se les ha escuchado esta semana decir en Santander que 'el sector de las telecomunicaciones es uno de los más potentes y parece razonable que en estos momentos contribuya a reforzar otros sectores'. Esta última es la sensación que aseguran tener las compañías.

Con la crisis, 'la lista de necesidades de financiación es larga y los aspirantes también', según dijo ayer el consejero delegado de Vodafone España, Francisco Román, que participó ayer en el XXIII Encuentro de las Telecomunicaciones organizado por Aetic en Santander, que citó como ejemplo a los ayuntamientos, con quienes las compañías del sector mantienen otra batalla en los juzgados por la exigencia de entregarles el 1,5% de los ingresos por el uso del dominio público que hacen la antenas de telefonía móvil.