La presión del PP para que el Gobierno central reduzca en un 25% su cifra de altos cargos ha operado como una cortina de humo que tapa la situación de las autonomías. Una cortina tras la que se ocultan un problema y una incógnita. El problema, en palabras de la politóloga Adela Mesa, no es otro que 'la politización de las estructuras' autonómicas, donde el volumen de los llamados cargos políticos es muy superior al de quienes, en puridad y atendiendo a la letra de la ley, se definen como altos cargos. La suma de los altos cargos que cada autonomía declara tener arroja un monto de 2.220, frente a los 409 que reconoce el Gobierno central, aunque otras fuentes hablan de 548.

Pero quien hace la ley hace la trampa. Y la trampa es sencilla. Los expertos subrayan cómo, copiando la Ley de Funcionamiento de la Administración General (Lofage), las autonomías se han dotado de normas según las cuales alto cargo es sólo aquel que nombra el Consejo de Gobierno. Para dar apariencia de contención en altos cargos basta, así, con nombrar por orden de un consejero y no por decreto a los titulares de puestos eminentemente políticos. Los directivos de los 2.000 entes dependientes de autonomías figuran mayoritariamente en esa última categoría.

Valencia y Navarra no computan a los secretarios generales; las demás, sí

Y ahí radica la gran incógnita: nadie sabe cuántos cargos con poder de decisión (es decir, sin incluir a los asesores) y elegidos por criterios políticos existen hoy en las autonomías. Este periódico preguntó sobre el asunto a Francisco Cardona, directivo del programa Sigma (Apoyo para la Mejora de la Gobernanza y la Gestión) de la OCDE. Su respuesta, enviada por correo electrónico, fue esta: 'En lo que se refiere a las CCAA españolas, el problema estadístico contable se agrava porque no hay un acuerdo nacional o ley estatalpor el que se fijen criterios homogéneos. No disponemos de datos sobre las CCAA en la OCDE en relación a sus altos cargos. En consecuencia, cualquier dato relativo a España es muy aventurado'.

La ausencia de homogeneidad aludida por Cardona resulta evidente: en Valencia y Navarra, los secretarios generales no poseen el rango de alto cargo, mientras que en el resto de las comunidades sí. En Andalucía, el director general de la RTV autonómica no es un alto cargo porque lo nombra el Parlamento. 'Hay un batiburrillo importante', confirma por teléfono Adela Mesa, politóloga de la Universidad del País Vasco y cuya tesis doctoral, leída en 2000, versaba sobre los altos cargos.

Sólo Balears incluye en su lista a los directivos de entidades públicas

Un batiburrillo que explica lo siguiente: en Madrid hay 187 subdirectores generales, puesto reinstaurado por Esperanza Aguirre; se cubre por libre designación, pero sus titulares no son altos cargos. Como no lo es el gerente del Canal de Isabel II, la empresa de aguas de la Comunidad de Madrid. En 2009, y sólo para la mejora de las redes de saneamiento, el Canal anunció una inversión de 217 millones. Es el doble del presupuesto anual del Ministerio de Igualdad.

'La cobertura de los puestos directivos [autonómicos] a través de criterios políticos ha sido la pauta dominante', escribía en 2006 el profesor Rafael Jiménez Asensio en su libro Directivos Públicos. Hoy, Jiménez Asensio, profesor de la Pompeu Fabra, mantiene el diagnóstico: 'En España explica no se ha profesionalizado la dirección pública. Los puestos se cubren por afinidad política o personal, de forma que, cuando hay relevos, incluso siendo del mismo partido, se van equipos enteros y se pierde la memoria en ese departamento'.

Aguirre reinstauró a los subdirectores; hay 187, pero no los contabiliza como altos cargos

Jiménez Asensio, al igual que su colega Manuel Villoria, cree que los directivos públicos deberían computarse como altos cargos: porque, en la práctica, lo son. Otro ejemplo: en Galicia, el conservador Alberto Núñez Feijóo eliminó tras su llegada al Gobierno, en 2009, los delegados territoriales de las consellerias. Su función la realizan ahora jefes territoriales nombrados por libre designación y que, según el PSOE, continúan siendo 'del PP'. Balears, inmersa en una crisis política formidable por los casos de corrupción del PP y Unió Mallorquina, eleva su cómputo de altos cargos muy por encima de la media (172 para 1,1 millón de habitantes): pero lo eleva porque sí incluye a los directivos de consorcios, fundaciones y entes públicos, cosa que no hacen las demás comunidades.